24 de marzo: Día de la memoria por la verdad y la justicia

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta María Isabel Martínez de Perón, interrumpiendo su mandato constitucional. Las tres fuerzas (Ejército, Marina y Aeronáutica) conformaron una Junta Militar que ocupó el Poder Ejecutivo, subordinando a todas las fuerzas armadas y de seguridad, y a los demás poderes del Estado, a su conducción.

La Junta ordenó la disolución de los poderes legislativos y la remoción de los miembros de las cortes supremas nacionales y provinciales; dispuso la proscripción de los partidos políticos y sindicatos; y suspendió la vigencia de la Constitución Nacional. Se habla de dictadura “cívico-militar”, debido a que el gobierno de facto contó con la participación, anuencia y complicidad de sectores de la sociedad civil (principalmente económicos, eclesiásticos y mediáticos) que favorecieron la aceptación social con campañas de desinformación, le ofrecieron un marco de “institucionalidad” y/o financiaron la empresa genocida para verse beneficiados con las medidas regresivas impuestas.

La última dictadura se caracterizó por el ejercicio del terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas impusieron un Plan Sistemático de desaparición, tortura y exterminio de un sector de la población civil, cuya finalidad era generar terror en todo el cuerpo social para eliminar cualquier resistencia a sus políticas y disciplinar a los ciudadanos.

Su metodología de amedrentamiento social consistía en poner los recursos del Estado al servicio de crímenes como el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de todos aquellos que se oponían a los modelos económicos liberales en todo el territorio nacional; y del ocultamiento y de la negación de esos crímenes.

Durante esos años proliferaron los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, los secuestros en la vía pública, los operativos espectaculares, las simulaciones de enfrentamientos, entre muchos otros métodos que aterrorizaban a la población, para desarticular los movimientos de organización social, sindical y política.

En los juicios de lesa humanidad seguidos contra los miembros de la última dictadura, los jueces han adoptado y utilizado en forma reiterada el término “terrorismo de Estado” para poder brindar una definición jurídica y de contexto a lo realizado por la dictadura, y enmarcar allí los hechos que se están juzgado en cada uno de los debates orales y públicos.

La violencia ejercida por las organizaciones guerrilleras durante los años 70 no justifica ni puede equiparase a los crímenes cometidos por el Estado, como si se trataran de violencias contrapuestas. No es posible buscar una simetría entre la acción de particulares y las prácticas ilegales y criminales cometidas por el Estado. No existieron dos bandos ni hubo ninguna guerra. Tampoco se trató de casos aislados o excesos por parte de las fuerzas represivas.

Lo que existió fue un plan sistemático organizado y gestionado desde el Estado para desaparecer, torturar y asesinar a militantes políticos en virtud de sus ideas y aspiraciones, según lo que ha sido ratificado por los jueces en las sentencias condenatorias por estos crímenes.

Un caso paradigmático

Nuestro país se presenta como un caso paradigmático en el mundo a la hora de juzgar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Las investigaciones con relación a los hechos ocurridos en el pasado reciente no solo cobran vital importancia a la hora de esclarecer qué fue lo que sucedió, sino que se vuelve central en la tarea de evitar la repetición de estos hechos, preservando y fortaleciendo la memoria histórica como sustento de nuestra democracia.

De este mismo modo, la reparación individual como colectiva por parte del Estado es una tarea indelegable del mismo, en tanto fue el principal actor que perpetró los delitos que busca reparar. Asimismo, la Argentina incorporó en 1994 a la Constitución Nacional tratados de derechos humanos, que disponen la obligación por parte de los Estados de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

En resumen, llevar adelante estas políticas de Memoria, Verdad y Justicia es central a la hora de fortalecer y bregar por nuestra democracia, su futuro y el Nunca Más.