por Melisa Giancrisostomo
Tal como adelantó la secretaria de Gobierno Celina Martini a Más Noticias, el gobierno vetó totalmente la ordenanza que habilita la difusión pública de imágenes captadas por el sistema de vigilancia que involucren hechos penales o contravenciones.
La observación ingresó en el orden del día y el Concejo tendrá un plazo de 30 días hábiles para aceptarla o insistir en la sanción original.
Por iniciativa de José Luis Murina, el Concejo Municipal modificó el artículo 8vo de la ordenanza 2095/12 para permitir que las imágenes o sonidos obtenidos del sistema de videovigilancia municipal puedan ser solicitados por particulares que acrediten un derecho subjetivo lesionado para su difusión pública.
El texto argumenta que la restricción al acceso de las imágenes impide una rápida resolución del hecho al señalar que la intervención judicial resulta tardía o ineficaz para su pronto esclarecimiento.
El gobierno de Daniel Tonelli entiende que la modificación es contraria a lo normado en la Ley Provincial N° 13164 donde en su artículo 9 expresa que “la información obtenida tiene carácter absolutamente confidencial y la misma sólo podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores, que se encuentren abocados a la investigación o al juzgamiento de causas contravencionales o penales”.