por Melisa Giancrisostomo
Los arroyosequenses padecemos de una ausencia crónica e histórica del Estado sobre los terrenos estatales del frente costero que generó el avance, sin control alguno, de construcciones privadas y usurpaciones de calles o caminos de acceso al río Paraná, espacios de dominio público, y una clara violación al Código Civil de la República Argentina sobre el camino de Sirga.
Sin un control del Estado, avanza una multiplicidad de agentes privados sobre espacios naturales de dominio público que pertenecen a todos los ciudadanos.
Innumerables reclamos de vecinos y vecinas de los barrios costeros por usurpación de terrenos costeros por privados. Se trata de obras que se realizan, de manera ilegal, sobre las márgenes de los cuerpos de agua en zonas de humedales y por las que ningún privado puede adquirir posesión alguna sin complicidad de un Estado que decide no controlar ni defender el derecho al uso y goce que siempre pertenecerá a la sociedad.
Esta frontera entre lo público y lo privado; entre el interés de pocos y lo comunitario, empezará a delimitarse por la decisión política del gobierno de Daniel Tonelli que implicará un hecho histórico para la ciudad: por primera vez, una gestión ejecutiva se ocupará de recuperar zonas ribereñas.
El proyecto de ordenanza remitido al Concejo para su aprobación, autoriza al municipio a instrumentar los medios necesarios para ejercer poder de policía en la delimitación de la línea de ribera y en toda parcela que se encuentre sobre el frente costero; como además garantizar el libre acceso al camino de Sirga.
Quedaron atrás las excusas que adujeron gestiones anteriores sobre la imposibilidad de controlar los frentes costeros del avance de los privados porque la línea de Sirga no está demarcada o la pasividad en la apropiación del espacio público para usufructo privado en la zona de humedales o terrenos del Estado.
La ordenanza determina que ningún privado puede asignarse atribuciones que no lo asisten, modificando la ribera del Paraná, aprovechando la bajante del río para la construcción de caletas o alterando el delicado ecosistema costero para fines privados.
El proyecto señala que se controlará cualquier tipo de intervención, sea terraplén, desmonte o edificación sobre las parcelas que conforman el frente costero, para determinar si cuentan con permiso municipal o si cumplen con los requerimientos establecidos y aprobaciones otorgadas por los entes nacionales.
También se avanzará sobre lo que respecta a la línea de ribera y camino de Sirga, de manera tal de verificar que sea coincidente con lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación.
Además la ordenanza habilitará al Municipio a realizar gestiones pertinentes para la obtención de la posición de lotes ribereños que pertenecen al Gobierno de la Provincia de Santa Fe como los espacios de islas dentro de la jurisdicción; como también todo aquel terreno abandonado o cuyos dueños se ignoren.
Otro de los objetivos de la gestión manifestados en el proyecto presentado es avanzar con un ordenamiento territorial de la zona costera: “El frente ribereño de la ciudad consta aproximadamente de 7.5 kilómetros de longitud con la presencia de arroyos y cañadas intermedias donde se encuadran distintos usos como productivos, portuarios, residenciales y recreativos; por lo que resulta necesario establecer una normativa en la cual se sectoricen zonas de acuerdo a sus usos, y se definan parámetros urbanísticos que tipifiquen cada sector en particular” versa el escrito.
Y propone declarar de interés público y como patrimonio cultural dos parcelas ubicadas en Playa Mansa. En uno de los terrenos la Municipalidad proyecta el diseño de un posible camping público. En el otro se encontraron los restos arqueológico de la macrauquenia que hoy forma parte de la colección del Museo Municipal, y la Municipalidad buscará garantizar la continuidad de las campañas paleontológicas