Frenan un proyecto para encargar a la UNR un dictamen jurídico sobre la gratificación de Miguel Ángel Coradini

El edil del PRO cobra, desde el 31 de enero de 2022, una gratificación equivalente a la dieta de los concejales, además de su jubilación, mediante una resolución interna dictada por el cuerpo legislativo a espaldas del pueblo.

A pesar de las numerosas presentaciones realizadas por distintos espacios políticos y los pedidos de información sobre la legalidad y legitimidad del acto administrativo, Miguel Ángel Coradini recibe cerca de 4 millones de pesos del Estado: una gratificación del Concejo Municipal estimada en más de 2 millones de pesos y su jubilación como funcionario político de la caja previsional de la provincia de Santa Fe.

El artilugio utilizado para evitar evidencias de la incompatibilidad con la caja previsional es una “compensación” en dinero totalmente en negro por su servicio público. Es importante destacar que el concejal renunció voluntariamente a cobrar su dieta como edil para percibir su jubilación y, ese mismo año, fue compensado con una gratificación mensual otorgada con la firma de la mayoría de los concejales.

En resumen, renuncia a su dieta para recibir la jubilación, mientras que, puertas adentro, se cierra un pacto de impunidad para otorgarle una gratificación monetaria por el mismo valor de la dieta que cobran los concejales activos, utilizando una partida del Concejo Municipal prevista como “complemento suplementario que se realiza en ocasiones específicas”.

La gratificación que cobra mensualmente Miguel Ángel Coradini, lejos de ser ocasional, es tan regular como permanente; además, no está sujeta a ninguna contribución por seguridad social. Se trata de una suma de dinero totalmente en negro, sin factura por contraprestación ni transferencia bancaria.

A pesar de los intentos de forzar la legalidad de la situación con dictámenes corporativos, la gratificación no puede vincularse a la prestación de servicios propia de su cargo como concejal, ya que las leyes provinciales y nacionales establecen claramente que los funcionarios que se hubieran jubilado, o estén en proceso de jubilación, deben optar por cobrar la jubilación o el sueldo como funcionario, ya que es incompatible percibir dos sueldos del Estado.

Para determinar la legalidad del procedimiento administrativo, el concejal Damián Salinas propuso elevar el caso a un dictamen jurídico imparcial por parte de la Facultad de Derecho de la UNR y obligar al Concejo a disponer de toda la documentación requerida por la casa de altos estudios para determinar si la resolución interna se ajusta a la normativa vigente.

Sin embargo, el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Murina, frenó la aprobación en el recinto y lo pasó a comisión, argumentando que el proyecto implica una erogación que debe ser tratada en comisión. Este es otro artilugio para frenar cualquier intento de democratizar y legitimar las decisiones del Concejo Municipal, alejándose de los pactos corporativos a los que nos tienen acostumbrados.