La Cámara Federal de Paraná revisará el próximo jueves 14 los procesamientos de los empresarios rosarinos Enzo Federico Vignale de 75 años, y su hijo Federico Andrés Vignale, de 45, acusados de infringir en múltiples ocasiones la medida judicial de protección que dispone la prohibición absoluta de cometer acciones que alteren al ambiente en las islas del Alto Delta.
En septiembre pasado, el juez federal de Victoria, Federico Martin, resolvió procesar a padre e hijo por desobediencias reiteradas, al realizar fiestas electrónicas en su propiedad, el parador “Wakeland”, ubicado a la altura del kilómetro 9 de la ruta nacional 174, a poca distancia del puente Rosario-Victoria, y por haber hecho “modificaciones del curso de agua natural mediante una serie de terraplenes o desvíos que impiden el flujo natural de las aguas”. La resolución también dispuso sendos embargos de bienes por $1.500.000. Si se confirma lo actuado por el juez Martin, los dos ganaderos, cuyos nombres aparecen también en la investigación de los incendios en el Humedal, irán a juicio oral.
Los Vignale quedaron acusados por nueve hechos en concurso real, distintos delitos cometidos en forma simultánea o sucesiva tratados en un mismo proceso. La fiscal federa de Victoria Rosana Luggren expuso su responsabilidad por hacer fiestas ilegales en las islas: en el caso del padre, Enzo Federico, por ser propietario del lugar donde se realizaron, el parador Wakeland; y en el caso del hijo, Federico Andrés, por ser el organizador de encuentros multitudinarios de música y consumos recreativos sin ningún tipo de autorización.
El delito por el cual se los procesó es por desobediencia judicial debido que, a sabiendas, incumplieron reiteradamente el amparo ambiental vigente desde el 1º de julio de 2020, que dispone “prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente”. La medida judicial se dictó para evitar los incendios en el Humedal pero no alcanzó: en el último trienio se sucedieron las más devastadoras quemas de las que se tenga memoria.
Ambos empresarios son conocidos, según el portal Era Verde, como dos de los “dueños del fuego”, propuetarios u ocupantes de tierras donde hubo quemas de pastizales o quemas de desmonte. Por ello también están vinculados a expedientes que investigan los incendios en el Humedal. El procesamiento, al cual lo empresarios apelaron, se dictó por seis fiestas clandestinas y tres movimientos irregulares de suelo, con el levantamiento de endicamientos por los cuales se alteró el natural escurrimiento de las aguas y, consecuentemente, generaron condiciones para la propagación de los incendios.
Además de dictarle los procesamientos y embargos a los Vignale, el el juez Martin dispuso falta de mérito para una tercera acusada, Mónica Cisneros, de 71 años, “titular del permiso de uso provisorio para el expendio de comidas y bebidas en el parador cuestionado”.
La resolución fue notificada a las fuerzas de seguridad nacionales, a la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos (Jefatura Departamental Victoria), a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y a la Municipalidad de Victoria.
Si la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirma los procesamientos, la fiscal Luggren podrá solicitar que el expediente sea elevado a juicio oral. La audiencia para esta instancia fue fijada para el 14 de noviembre.
El abogado defensor de los empresarios es Mauro Rodríguez, quien fue coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que durante el gobierno de Gustavo Bordet dependía de la Secretaría de Ambiente.
Fuente: El Ciudadano