La disputa gira en torno a una demanda de inconstitucionalidad presentada por los representantes del loteo, quienes cuestionan la aplicación de la reserva fiscal al proyecto y buscan la aprobación definitiva del plano del loteo y la factibilidad del fraccionamiento.
Durante las pocas audiencias celebradas, se esbozó una propuesta de convenio entre las partes, aunque no fue aprobada por los órganos competentes. Mientras tanto, el municipio continúa negociando con los desarrolladores para garantizar que cumplan con sus obligaciones, especialmente en la provisión de servicios para los vecinos del barrio y la cesión de tierras en cumplimiento de la ordenanza de Reserva Fiscal.
Sin una nueva fecha para la audiencia, el caso permanece en suspenso, generando incertidumbre sobre los próximos pasos en este prolongado proceso judicial.