Análisis económico del año que pasó y lo que se puede venir en el 2025

Luciano Villegas es Licenciado en Economía en la UNR, Master en Activos Financieros de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), Profesor en Economía en la Universidad Nacional de Rosario, y docente en la UNR, la Universidad Católica Argentina y en la Fundación Libertad y Jefe de Investigaciones Económicas de la Fundación Libertad. Además, a partir del próximo año se desempeñará como Coordinador Académico del Observatorio de la Deuda Pública y Privada de la UCA.

En el primer año de gestión de Javier Milei, la economía argentina ha sorprendido tanto a analistas como a la población en general. Si bien la situación al momento de asumir era crítica, los resultados macroeconómicos actuales reflejan una recuperación que pocos anticiparon con la profundidad observada. Variables clave como el tipo de cambio, la inflación, la pobreza, el nivel de actividad y el desempleo han mostrado mejoras significativas, atribuibles a una serie de políticas económicas basadas en tres pilares fundamentales: disciplina fiscal, estabilidad cambiaria y control monetario.

El gobierno adoptó un enfoque de superávit fiscal, marcando un contraste con las décadas de déficit que caracterizaron a la economía argentina. Esta medida ha fortalecido la capacidad del país para enfrentar potenciales crisis económicas internas o externas. A ello se suma una política cambiaria que, aunque ha generado cierta apreciación del peso frente al dólar, permitió reducir la inflación drásticamente y mejorar los ingresos en dólares de los argentinos. Sin embargo, esta misma apreciación cambiaria ha generado un encarecimiento en dólares de la economía argentina, lo que podría afectar la competitividad de algunos sectores exportadores.

Por otro lado, la política monetaria del gobierno, basada en la emisión cero, ha sido fundamental para estabilizar los precios y recuperar parcialmente el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, las interrogantes sobre el futuro persisten, especialmente respecto a cómo se enfrentará el reto de abrir la economía al mundo, algo que el gobierno de Milei considera indispensable para el desarrollo del país.

¿Tiempo de reformas?

Uno de los principales desafíos es la necesidad de reformas fiscales y laborales que permitan a las empresas argentinas competir en un mercado global. Actualmente, el costo de contratar trabajadores en Argentina es extremadamente elevado debido a la alta carga fiscal. Esto ha resultado en un estancamiento del empleo privado durante la última década, con el sector público absorbiendo la mayoría de la mano de obra disponible. Las reformas propuestas incluirían una reducción de cargas sociales y la adaptación de convenios colectivos a las particularidades de cada empresa, con el objetivo de generar empleo privado y mejorar los ingresos de los trabajadores.

Hasta ahora, en el ámbito sindical el gobierno ha adoptado una postura de no confrontación, evitando tocar sus cajas o implementar reformas significativas en el sector, sobre todo en lo que respecta a las elecciones de dirigentes y su perpetuación en el poder de cada gremio. Esto ha contribuido a una relativa paz social, aunque también ha generado críticas de quienes esperaban avances en democratización sindical y mayor transparencia en el uso de recursos.

Otro tema relevante es el futuro del cepo cambiario. Aunque actualmente su impacto es limitado debido a la reducida brecha entre el dólar oficial y el dólar financiero, el gobierno se muestra reacio a eliminarlo completamente. Esto se debe a que lo considera una herramienta útil para controlar posibles corridas cambiarias y mantener la estabilidad de precios. Sin embargo, la continuidad del cepo podría dificultar la llegada de inversiones extranjeras, esenciales para reactivar plenamente la economía.

En cuanto al impacto social de las políticas económicas, los sectores más afectados han sido los jubilados y la clase media. No obstante, según expresa Villegas, los indicadores de pobreza han mejorado gracias a un aumento en los ingresos reales de los sectores más vulnerables. De cara al 2025, las expectativas son de un crecimiento económico cercano al 5%, impulsado por un repunte del consumo y el incremento de los salarios en dólares.

En conclusión, el balance del primer año de gestión de Milei muestra logros significativos en términos macroeconómicos, aunque también deja en evidencia la necesidad de abordar reformas estructurales que permitan consolidar el crecimiento y enfrentar los desafíos del futuro. La gran pregunta sigue siendo si el gobierno podrá mantener el delicado equilibrio entre estabilidad económica y justicia social mientras avanza hacia una mayor apertura y competitividad global.

En resumen, el gobierno de Milei ha mostrado avances significativos en su primer año, aunque persisten desafíos estructurales que definirán el rumbo económico a mediano plazo. La estabilidad lograda ofrece una base sólida, pero su sostenibilidad dependerá de decisiones estratégicas y reformas profundas.

En el contexto de una Argentina que transita cambios estructurales en su economía, el primer año de la gestión de Javier Milei ha puesto sobre la mesa los desafíos inherentes a un sistema productivo cerrado y altamente concentrado. La inflación, aunque en disminución, sigue impactando el bolsillo de los argentinos, quienes observan cómo los precios de productos esenciales continúan en ascenso. Este fenómeno, lejos de ser casual, está profundamente arraigado en la estructura misma del sistema económico argentino.

Desde un comercio minorista hasta grandes cadenas de distribución, la experiencia cotidiana muestra cómo los precios se ajustan de manera constante. Para muchos ciudadanos, esto refleja un intento sistemático de maximizar ganancias en un mercado donde la competencia efectiva brilla por su ausencia. El economista explica que Argentina opera en un entorno marcado por monopolios y oligopolios, donde unos pocos actores dominan sectores clave, como la producción de acero, textiles o electrodomésticos. Esta estructura no solo encarece los bienes, sino que limita la capacidad de innovación y mejora de productos.

La solución propuesta desde el gobierno apunta hacia una apertura de los mercados, buscando integrar al país en cadenas globales de valor. Sin embargo, este enfoque enfrenta serias resistencias y plantea interrogantes sobre su implementación. Los costos de producción en Argentina, gravados por una carga impositiva que supera el 60% en algunos casos, dejan a muchas empresas locales en desventaja frente a competidores internacionales. La posibilidad de importar bienes más baratos contrasta con la protección histórica otorgada a ciertos sectores, que argumentan la pérdida de empleos y el cierre de empresas si se elimina esa barrera.

El caso de Acindar, citado por representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ilustra el dilema. Si se abre la exportación de hierro a mercados como Brasil o China, la competitividad de la empresa se vería gravemente afectada, amenazando su continuidad y los puestos de trabajo de cientos de operarios. No obstante, también plantea la pregunta de cómo la protección de industrias ineficientes impacta a los consumidores y al desarrollo de sectores más competitivos.

En el sector de bienes de consumo, el impacto es igualmente evidente. Productos como línea blanca, textiles y calzado muestran precios muy superiores a los de países vecinos. La razón radica en un esquema donde los insumos básicos, como chapa o acero, son monopolizados por pocas empresas locales, lo que encarece el producto final. Este modelo asegura rentabilidad para un grupo reducido, pero restringe el acceso de los consumidores a bienes de mejor calidad y menor precio.

La apertura económica no es un camino exento de costos. Muchos sectores protegidos podrían desaparecer, y con ellos, los empleos que generan. Sin embargo, expertos argumentan que una reforma laboral podría facilitar la transición, permitiendo que los trabajadores se reubiquen en sectores más competitivos. Este proceso, observado en economías más flexibles, minimiza el impacto social de los cambios estructurales. En Argentina, donde las leyes laborales imponen barreras significativas para la contratación y desvinculación, esta dinámica es mucho más compleja.

La sociedad argentina enfrenta un desafío cultural adicional. Si bien celebra la competencia en ámbitos deportivos, como el automovilismo o el fútbol, muestra reticencia a aplicarla en el plano económico. La idea de abrir mercados y permitir que las empresas compitan despierta temores profundos, alimentados por años de proteccionismo y desconfianza en el sistema.

La verdadera casta económica, según analistas, no está en la política sino en los sectores empresariales que han usufructuado un sistema cerrado y arancelado por décadas. Romper con este esquema implica aceptar que el cierre de empresas no es el fin de una economía, sino una parte natural de su evolución hacia una mayor competitividad. Para que esto sea posible, es crucial acompañar la apertura con políticas públicas que incentiven la inversión, la educación y la movilidad laboral.

El debate está lejos de ser resuelto. Mientras algunos defienden la necesidad de competir globalmente, otros temen el costo social de una transición abrupta. Lo que es innegable es que Argentina, atrapada en una estructura económica que combina altos costos, baja productividad y mercados concentrados, no puede sostenerse indefinidamente sin cambios profundos. La pregunta es si la sociedad está lista para asumir el desafío de competir en un mundo globalizado o si seguirá optando por proteger estructuras que perpetúan la desigualdad y el estancamiento.