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Unos 50 clientes de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Roma protestaron esta semana en la sede de la empresa, ubicada en Puerto Norte, por las demoras de varios años en entregar lotes comprados en distintas localidades del Gran Rosario, como Ibarlucea, Álvarez y Pueblo Esther.
Los clientes se quejan de que se incumplieron todos los plazos de entrega prometidos, y en algunos casos ya acumulan tres años de demora. Incluso, varios de ellos aseguran ya haber terminado de pagar en cuotas los lotes, a los que igual no pudieron acceder.
Grupo Roma, a cargo del empresario Pablo Cofano, se focalizó en desarollar loteos para el segmento de ahorristas chicos y medianos que no compran para invertir en tierra, sino para construir allí sus viviendas.
La empresa tiene 15 proyectos urbanos en la zona y no es la primera vez que sus clientes se quejan por la falta de obras prometidas y también por las demoras en entregar. No obstante, ahora la controversia escaló y los clientes ya hablan de presuntas estafas por la falta de entrega de lotes (con sus papeles). Tampoco los convencen las explicaciones de la empresa, que culpa a las autoridades provinciales por los retrasos. Y hasta salen a advertir que la desarrolladora sigue vendiendo parcelas de los loteos que no está entregando.
Obras clausuradas
En agosto del año pasado, el gobierno de Santa Fe clausuró las obras en tres loteos del grupo Roma: El Naranjo (Ibarlucea), Orígenes (Soldini) y Comunidad Ejecutiva (Pueblo Esther) por haber iniciado las obras y la comercialización sin las autorizaciones correspondientes, sobre todo por no tener las habilitaciones hídricas y ambientales. También hay demoras en las entregas de lotes en otro barrio de Ibarlucea (Campo Madero) que no aparece como clausurado.
Con solo tener la habilitación municipal, Cofano salió a vender lotes y arrancó con obras (movimiento de tierras, calles, etc) cuando la normativa es clara que para vender a usuarios finales (no inversores) y comenzar a construir primero tiene que tener todas las habilitaciones provinciales, que ninguno de los tres barrios clausurados tenía.
En efecto, en el caso particular de los desarrollos inmobiliarios, la normativa vigente en nuestra provincia (Ley 11.717, decreto 101/03 y resolución 350/16) determina que aquellos que no cuenten con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la repartición competente (en este caso el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático), no pueden comenzar las obras proyectadas.
Y para poder comenzar este estudio, previamente deberán tener la aprobación del gobierno local, el certificado de no inundabilidad del Ministerio de Obras Públicas (leyes 11.730 y 13.246), y las factibilidades de servicios de aguas y energía, entre otros.
También está prohibida la publicidad engañosa: a través del decreto 4109/16, se dispone que toda publicidad referida a la venta de lotes en cualquiera de sus modalidades -existentes o a futuro-, en cualquier figura jurídica, no debe generar dudas sobre el objeto de venta.
En caso de publicitar sin garantizar una adecuada y veraz información, se considerará violatorio de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y motivará la aplicación de las sanciones previstas en dicha normativa.
Fuente: Rosario3