El gobierno provincial modifica el régimen de evaluación ambiental

En un paso hacia la modernización de la gestión ambiental, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha publicado en el Boletín Oficial el Decreto Nº 2187/24, mediante el cual se deroga el Decreto Nº 0101/03 y se implementa una nueva reglamentación sobre el impacto ambiental de proyectos y actividades económicas.

El nuevo marco regulatorio establece un nomenclador actualizado de actividades económicas y su precategorización en función del riesgo ambiental. Asimismo, introduce nuevas categorías de permisos ambientales para proyectos en funcionamiento, con el objetivo de simplificar trámites y agilizar procesos sin perder de vista la sustentabilidad.

El decreto busca consolidar un enfoque de producción responsable, en el cual los titulares de actividades económicas asuman la obligación de prevenir impactos ambientales sin depender exclusivamente del control estatal. Según se destaca en el texto, la normativa anterior concentraba los esfuerzos en el análisis documental, mientras que la nueva disposición prioriza la auditoría territorial y la eficiencia en la gestión.

Mayor control en las urbanizaciones

El gobierno de la provincia aumentará los controles y las inspecciones en las nuevas urbanizaciones, tanto residenciales como industriales, para auditar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental. Así lo dispone el decreto del gobernador Maximiliano Pullaro, publicado este martes.

Además, en este marco se han clausurado más de una docena de desarrollos urbanos que se estaban construyendo sin las debidas autorizaciones, como parte de una estrategia para ordenar el crecimiento urbano de las áreas metropolitanas de la provincia. Al mismo tiempo, se han impulsado mejoras burocráticas, como la creación de una "Ventanilla Única de Inversiones" para ordenar, simplificar y agilizar los trámites necesarios para obtener las autorizaciones de construcción.

Participación ciudadana y responsabilidad empresarial

El decreto también habilita la realización de audiencias públicas que convoquen a los "potencialmente afectados o interesados en debatir aspectos que hacen al impacto ambiental de un proyecto o actividad y/o las acciones necesarias para prevenir o mitigar su impacto".

Un punto central de la nueva reglamentación es el traslado de la responsabilidad ambiental a los titulares de las actividades económicas, lo que representa un cambio significativo en términos de compromiso jurídico por parte de los empresarios. De esta manera, se busca garantizar que cada proyecto se desarrolle bajo la premisa de no causar daños a los ecosistemas y recursos ambientales sin depender de un control estatal omnipresente.

"Se pretende promover un cambio de paradigma en materia de otorgamiento de permisos ambientales que tiendan a la simplificación de los trámites en cuanto a los requisitos solicitados a los particulares como así también agilizar los procesos de evaluación promoviendo la producción y el empleo sin perder de vista la sustentabilidad. El nuevo paradigma plantea que el titular y/o responsable de una actividad económica desarrolle la misma cumpliendo el mandato de no causar daños a los ecosistemas y recursos ambientales y, que el cumplimiento de dicho deber no dependa del control de un Estado omnipresente, configurándose como una responsabilidad y obligación que le es propia e ineludible", dice los considerandos del decreto.

Asimismo, se destaca que "conforme al esquema normativo y procedimental vigente, la responsabilidad está invertida, porque el esfuerzo de las áreas técnicas se concentra en el análisis documental y no en la auditoría territorial, dado que la complejidad de los requisitos y análisis técnicos ambientales en la situación vigente demanda tiempos y recursos excesivos, sumado al hecho que la vigencia de los certificados ambientales es exigua para una inversión, cuya vida útil supera los 30 o 40 años".

En el decreto, además, se instrumenta un nuevo nomenclador de actividades económicas con su precategorización de riesgo ambiental, creando a la vez nuevas categorías de permisos ambientales para proyectos y actividades en funcionamiento.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático ha sido designado como la Autoridad de Aplicación de la nueva reglamentación. Dicha cartera tendrá la responsabilidad de dictar los actos administrativos necesarios para su implementación progresiva, garantizando una adecuada transición hacia el nuevo esquema normativo. Actualmente, el ministerio trabaja en la reglamentación de la norma, que detallará y hará operativos todos los cambios dispuestos en el decreto.