Carlos del Frade exige respuestas al gobierno santafesino sobre la crisis laboral

En una jornada cargada de simbolismo y reivindicación, el diputado provincial Carlos del Frade presentó una serie de iniciativas legislativas que buscan respuestas concretas del gobierno santafesino sobre las condiciones laborales en la provincia. En coincidencia con el primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, Del Frade ingresó seis pedidos de informes con el objetivo de visibilizar las problemáticas que atraviesa la clase trabajadora y exigir políticas públicas eficaces.

“En relación directa al primero de mayo como día internacional de la clase trabajadora, la que le da cuerda cotidiana al mundo”, expresó el legislador en sus redes sociales, y detalló los ejes de su presentación.

Entre los puntos más relevantes, se solicita información oficial sobre las políticas destinadas a las 263 mil personas con problemas de empleo en los dos principales aglomerados de la provincia: el Gran Santa Fe y el Gran Rosario. También se cuestiona la falta de claridad sobre los ingresos reales de los trabajadores santafesinos, ya que distintos indicadores ofrecen cifras dispares: mientras algunas mediciones privadas estiman un promedio de 800 mil pesos mensuales, el INDEC lo sitúa en 413 mil.

Del Frade además pidió datos sobre las empresas que no cumplen con los protocolos de seguridad laboral, teniendo en cuenta que en lo que va de 2024 se registraron 42.222 accidentes de trabajo, es decir, uno cada doce minutos en el territorio santafesino.

Otra preocupación central es la altísima informalidad laboral, especialmente entre los jóvenes: más del 71 % de las mujeres y el 60 % de los varones menores de 24 años trabajan en condiciones no registradas. El diputado también demandó cifras oficiales sobre trabajo infantil, que, según estimaciones de la Defensoría del Pueblo, afectaría entre 50 mil y 70 mil niñas, niños y adolescentes.

Por último, solicitó detalles sobre la actuación del gobierno provincial en conflictos laborales clave, como los de Sancor, Vicentin, General Motors, Acindar, Dow, Celulosa y los trabajadores del peaje Rosario – Victoria, con el fin de conocer qué medidas se tomaron para proteger los derechos laborales y sociales.