El precio de la garrafa golpea el bolsillo de los sectores más vulnerables

En un contexto de creciente vulnerabilidad social y bajas temperaturas, la reciente decisión del gobierno nacional de eliminar los precios máximos para las garrafas de gas ha encendido las alarmas en todo el país. En Arroyo Seco, como en buena parte de la provincia de Santa Fe, los precios se dispararon y varían drásticamente entre un proveedor y otro, llegando a los $16.500 por una garrafa de 10 kilos, aunque en localidades cercanas como Rosario el precio ya escala hasta los $20.000 o más, dependiendo de la zona. Sin control ni precios de referencia, cada comercio fija su valor según sus costos y márgenes, dejando a las familias usuarias del gas envasado completamente expuestas.

En la ciudad, una familia tipo necesita al menos dos garrafas por mes solo para cocinar, lo que representa más de $33.000 mensuales. Si además necesita calefaccionarse o utilizar el termotanque, el gasto mensual puede ascender entre $60.000 y $80.000, una cifra inalcanzable para jubilados, trabajadores informales o familias que viven con ingresos mínimos. La situación fue puesta en evidencia por una carta enviada recientemente al Concejo Municipal por Beatriz Dell Osso, una jubilada que solicita ser incorporada al programa local de garrafas sociales. “Entre mi jubilación mínima y la pensión de mi compañero no podemos cubrir lo básico. Comprar una garrafa se ha vuelto un lujo”, señala en su nota, y advierte que lo suyo no es un caso aislado: “Representa la realidad de muchas personas mayores de nuestra ciudad”.

La desregulación del mercado, oficializada a través del decreto 551/2024, fue defendida por el gobierno de Javier Milei como un paso necesario para “promover la competencia”. Sin embargo, en los hechos, el impacto recae casi exclusivamente en los hogares de menores ingresos que no tienen red de gas natural, aproximadamente el 40% de la población argentina, según datos del INDEC. En la provincia de Santa Fe, según cifras del último censo, más del 51% de los hogares utilizan garrafas para cocinar o calefaccionarse, lo que equivale a más de 1,7 millones de personas. En Rosario, el diario La Capital relevó precios que oscilan entre $13.000 y $20.000, e incluso una vecina de Granadero Baigorria pagó $30.000 por una garrafa de 15 kilos.

Desde el sector empresario, la Cámara Argentina de Empresas Fraccionadoras relativizó el impacto inmediato de la medida, aunque reconocen que el precio final queda totalmente librado al mercado y que “los aumentos dependerán de la inflación o del precio internacional del gas”. Aseguran también que, por ahora, el abastecimiento no corre riesgos y que incluso en Rosario hay sobreoferta. Sin embargo, la percepción desde los barrios es muy diferente: cada vez es más difícil conseguir una garrafa a un precio accesible y el Programa Hogar, que otorga un subsidio por garrafa, se muestra absolutamente desfasado. Hoy entrega $2.192 por unidad, una suma que cubre menos del 15% del precio real.

En Arroyo Seco, el municipio cuenta con un programa de garrafas sociales administrado por la Secretaría de Salud y Acción Social, pero la demanda supera largamente la capacidad de respuesta del Estado local. No hay un padrón actualizado de beneficiarios ni un sistema de entrega que permita garantizar la cobertura a quienes más lo necesitan. Frente a esta situación, distintos sectores políticos en el Concejo plantearon esta situación solicitando un mayor compromiso del gobierno municipal para dar seguimiento a los pedidos individuales y fortalecer las políticas públicas en torno al acceso a este servicio esencial.