El Concejo atesora más de 480 millones en un plazo fijo y sigue pidiendo plata

Mientras el Concejo Municipal  administra un presupuesto anual de 896 millones de pesos, que debería cubrir todos sus gastos de funcionamiento, mantiene 486.577.465 pesos invertidos en un fondo común de inversión (FCI) del Banco Credicoop, según la ejecución presupuestaria de septiembre de 2025.
Estos fondos, que no están incorporados formalmente al presupuesto, fueron presentados por el propio Concejo como producto de “ahorros”, aunque su origen y administración generan serias dudas sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos.

De acuerdo con fuentes legislativas, parte de ese dinero provendría del sueldo del Dr. Gabriel Olivé, asesor legal del Concejo durante su paso en la gestión del intendente Nizar Esper. Olivé pidió licencia en lugar de solicitar adscripción, lo que permitió que su sueldo siguiera computándose como un supuesto ahorro, mientras cobraba como personal político del Ejecutivo. En la práctica, los vecinos pagaron dos veces el mismo salario: una desde el Concejo y otra desde el municipio.

Una situación similar se repitió con el concejal Miguel Ángel Coradini, quien fue “licenciado” mientras se resolvía en la Justicia la denuncia de abuso sexual contra una menor que aún lo involucra. Durante ese período, el Concejo decidió no cubrir la banca vacante, lo que implicó que solo cinco concejales tomaran decisiones que correspondían a un cuerpo de seis miembros. Ese supuesto “ahorro” fue presentado como una buena administración, aunque en realidad redujo la representación ciudadana dentro del Legislativo.

Al reincorporarse, el propio Coradini denunció públicamente la existencia de esos plazos fijos, asegurando que en el Banco Credicoop había al menos 37 millones de pesos. La cifra nunca fue aclarada. En aquel momento, el entonces tesorero Jorge Cuello reconoció que esos fondos existían y que se usaban “cuando hacía falta”, incluso mencionando la compra de equipos de aire acondicionado sin precisar cómo se contabilizaban esos movimientos.

Esa denuncia expuso la existencia de una administración paralela de los fondos del Concejo, sin mecanismos de control ni rendición pública. Pese a ello, el cuerpo deliberativo sigue solicitando ampliaciones de partidas al Ejecutivo municipal, argumentando la necesidad de ajustar las dietas y los sueldos de la planta permanente a los incrementos definidos por la paritaria municipal.

Desde el Concejo explicaron que los fondos acumulados serían destinados a la construcción de un edificio propio, ya que actualmente el cuerpo alquila el inmueble de calle Belgrano e Hipólito Irigoyen, por el que paga mensualmente casi un millón de pesos.

En junio de este año, mediante una resolución aprobada por la mayoría del bloque Justicialista, se resolvió avanzar con el proyecto edilicio en un terreno lindero a las vías del ferrocarril, junto a la Plazoleta de la Diversidad. A diferencia de las propuestas anteriores, el proyecto no contempla la compra de un lote, sino la toma de posesión de un terreno perteneciente a la empresa NCA, con un costo estimado de ejecución de 600 millones de pesos.

Los concejales Miguel Stéfano y Matías Attoresi votaron en contra, argumentando que no se puede construir sobre un terreno que no es propiedad del municipio. Ante esto, el Concejo avanzó en gestiones ante Ferrocarriles Argentinos para obtener la cesión formal del predio.