Prestadores de discapacidad iniciaron un paro por falta de pagos y aranceles desactualizados

Los prestadores de servicios para personas con discapacidad iniciaron este viernes un paro que afecta a miles de instituciones en todo el país, en medio de una grave crisis financiera que, según advierten, pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. Desde el sector denuncian que hace más de 80 días no reciben pagos, mientras los costos operativos continúan aumentando.

Como consecuencia de la medida de fuerza, la mayoría de los centros que brindan rehabilitación y atención a personas con discapacidad permanecen cerrados este viernes.

Además, adelantaron que las medidas de fuerza continuarán el miércoles 18 y el jueves 19 si no hay respuestas.

Los responsables de los centros señalaron que la falta de pagos generó un escenario límite, ya que deben afrontar gastos básicos como salarios, combustible, transporte y compra de insumos.

Durante un tiempo las instituciones pudieron sostenerse mediante financiamiento o créditos, pero aseguran que esa alternativa ya no es posible porque los bancos dejaron de otorgar préstamos.

También remarcaron que, pese a los reclamos judiciales y a la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, la normativa no se está cumpliendo.

La problemática impacta en centros de día, centros terapéuticos, transportistas y profesionales, que forman parte del sistema de prestaciones financiado a través de obras sociales y programas estatales.

Reclamo por aranceles y pagos atrasados

Los prestadores también cuestionan que los aranceles del sistema fueron fijados sin contemplar la actualización correspondiente al año anterior, lo que generó un fuerte desfasaje frente a la inflación.

Según indicaron, las prestaciones deberían tener al menos un 40% de aumento para poder cubrir los costos reales de funcionamiento.

Desde el sector señalaron que mantienen un buen diálogo con las autoridades sanitarias de Mendoza, pero insistieron en que la problemática es de alcance nacional, ya que los pagos dependen en gran parte del Estado nacional y de distintos programas de cobertura.

Tensión tras la última movilización

El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión en todo el país. En la última movilización realizada en Buenos Aires, familias y prestadores denunciaron episodios de represión durante la protesta, lo que profundizó el malestar del sector.

Además, cuestionaron anuncios oficiales sobre la restitución de pensiones por discapacidad, al asegurar que muchas familias que habían sido dadas de baja todavía no recibieron respuestas.

Un sistema en riesgo

Los prestadores advierten que si no se regularizan los pagos en el corto plazo, numerosas instituciones podrían dejar de funcionar, lo que afectaría directamente a cientos de personas con discapacidad que reciben tratamientos y acompañamiento diario.

Desde el sector sostienen que el sistema se mantiene en funcionamiento con grandes dificultades y con recursos cada vez más limitados, por lo que reclaman una solución urgente para garantizar la continuidad de las prestaciones.