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"La situación en Rosario sigue siendo muy compleja. La UTA informó que el paro de colectivos sigue hasta primeras horas de la tarde. Nos hemos comunicado con autoridades de la Regional VI para que nos den a conocer cuáles serán las medidas de cuidado hacia las escuelas y aún no obtuvimos respuestas", indicaron en el comunicado que lleva la firma del gremio docente y de ATE Rosario.
Amsafé también insistió con la necesidad de coordinar un paro regional "para construir un camino de salida a esta dramática crisis de la mano de lxs trabajadores".
"La militarización de los barrios no es la solución. Son recetas que ya han fracasado. Los gobiernos son responsables", concluyeron.
En tanto, desde Sadop Rosario indicaron que las escuelas privadas “estarán abiertas con actividad y de a poco se irán normalizando el dictado de clases”. El secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, precisó que hasta que se normalice el transporte público (los colectiveros retomarían el servicio después del mediodía de este martes) los docentes que vivan a más de veinte cuadras de la escuela estarán eximidos de asistir y los alumnos tendrán la ausencia justificada.
De esta manera, las escuelas públicas de Rosario nuevamente no tendrá clases este martes, así como tampoco transporte urbano de pasajeros (los colectiveros retomarán el servicio después del mediodía), taxis ni remises (no saldrán a la calle entre las 22 y las seis de la mañana de este lunes) ni estaciones de servicio (en el mismo horario que los taxis).
Rosario atraviesa esta semana una de las peores olas de violencia de su historia. Primero le costó la vida a los taxistas Héctor Raúl Figueroa (de 43 años) y Diego Alejandro Celentano (de 33), luego al chofer de la línea K Marcos Daloia (de 39 años) y también al empleado de la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600 Bruno Bussanich (de 25 años).
La seguidilla de crímenes tendría relación con las medidas tomadas por el gobierno provincial contra presos de alto perfil detenidos en las cárceles del territorio santafesino. Esto motivó la constitución de la denominada Junta Operativa, integrada por la provincia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Municipalidad y el gobierno nacional para trabajar de manera "conjunta y permanente" en una serie de medidas de seguridad.