
En un contexto nacional marcado por el ajuste, la crisis ha alcanzado con fuerza a uno de los sectores más sensibles: el de las personas con discapacidad y los profesionales que los atienden. Nancy Colace, integrante del equipo del Centro Alas de Arroyo Seco, describe una situación que no es nueva pero que hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, se encuentra al borde del colapso.
“La situación es histórica, pero hoy se vuelve crítica. Lo que antes se podía sostener con esfuerzo, ahora se volvió insostenible”, plantea la profesional en Fonoaudiología en diálogo con este medio. El reclamo no es sólo por los retrasos en los pagos –que pueden llegar a los 90 o 120 días– sino por la falta de actualización de los aranceles en un contexto inflacionario. “Desde julio del año pasado los aumentos han sido mínimos e insuficientes. Hay colegas que ya decidieron dejar de atender porque no pueden sostener sus espacios”, asegura.
Nancy remarca que la discusión de fondo tiene que ver con el cambio de paradigma que promueve la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): pasar del asistencialismo al modelo social. “Todos estamos de acuerdo con eso, porque lo trabajamos en las escuelas y en los consultorios. Pero en este proceso nos están dejando sin recursos. Queremos llegar a ese modelo, pero ¿qué hacemos mientras tanto?”, se pregunta con firmeza.
El modelo social plantea derribar las barreras estructurales que impiden la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social. Pero, sin rampas en las veredas ni profesionales pagos, la utopía choca con una realidad alarmante. “Estamos reclamando por nuestro derecho a trabajar dignamente, pero también por el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una atención adecuada”, sostiene.
El Centro Integral Alas cuenta con 14 profesionales, un servicio clínico, un centro educativo terapéutico y alrededor de 20 integraciones escolares. En total, más de 90 niños y adolescentes quedaron esta semana sin atención en el marco de las 72 horas de protesta convocadas a nivel nacional. “Suspendimos solamente la atención clínica porque no podíamos dejar sin acompañante a los chicos que están integrados en escuelas. No podemos permitir que estén toda la semana sin su apoyo”, explicó.
La movilización fue acompañada por otras instituciones y profesionales del sur santafesino. En Villa Constitución, la protesta contó con el apoyo de AMSAFE y las escuelas especiales de la región. Sin embargo, el sector carece de una representación gremial que lo ampare. “Eso nos deja muy expuestos. Somos monotributistas, trabajamos con vocación, pero también necesitamos vivir. Recién ahora estamos cobrando prestaciones de diciembre del año pasado”, denuncia.
En Arroyo Seco funcionan varias instituciones dedicadas a la discapacidad: además de Alas, están Colibrí, Girasoles y Arcoiris, así como profesionales independientes. Todas atraviesan la misma problemática. A nivel provincial, más de 100 instituciones se sumaron a las medidas de lucha.
“Esta situación no es local ni aislada. Se está cayendo una estructura. Y en el medio quedan personas vulnerables, con derechos que no pueden esperar”, advierte. Para Nancy Colace, si los legisladores no entienden la urgencia de declarar la emergencia en discapacidad y garantizar recursos reales, “no están a la altura del país que están gobernando”.