Carlos Del Frade propuso la creación un fondo de emergencia para instituciones de discapacidad

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de atención integral para personas con discapacidad en todo el país, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley para crear un Fondo Provincial de Emergencia destinado a organizaciones y prestadores del sector.

La iniciativa busca asistir económicamente a asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones y demás entidades que sostienen servicios vinculados a discapacidad y que actualmente enfrentan serias dificultades financieras producto del deterioro del sistema de financiamiento nacional.

El proyecto se presenta en un contexto de creciente conflictividad en el sector, donde instituciones, transportistas, profesionales y organizaciones vienen denunciando atrasos en pagos, desactualización de aranceles y riesgo de cierre de servicios esenciales.

Según establece el texto legislativo, el fondo provincial tendría como objetivo “garantizar la continuidad de las prestaciones, servicios y apoyos esenciales” brindados por organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en Santa Fe.

Entre los destinos posibles de los recursos se incluyen el pago de salarios y honorarios profesionales, adquisición de insumos, sostenimiento de servicios de rehabilitación, transporte, atención terapéutica, inclusión social y gastos corrientes de funcionamiento.

La propuesta también prevé mecanismos de subsidios extraordinarios, aportes no reintegrables y líneas de financiamiento específicas para instituciones que acrediten situaciones de emergencia económica o riesgo de interrupción de prestaciones.

En los fundamentos del proyecto, Del Frade advirtió que el sistema de atención integral en discapacidad “se ha visto profundamente afectado por las políticas nacionales de ajuste, el deterioro del financiamiento del sistema prestacional y la ausencia de respuestas adecuadas frente al incremento sostenido de costos operativos y salariales”.

El texto también señala que numerosas instituciones atraviesan situaciones de “extrema fragilidad” debido al retraso en la actualización de aranceles nacionales, las demoras en pagos de obras sociales y el aumento constante de costos operativos.

Según advierte el proyecto, las consecuencias de esta situación impactan directamente sobre personas con discapacidad y sus familias, poniendo en riesgo derechos vinculados a salud, rehabilitación, educación, inclusión social y vida independiente.

La iniciativa incorpora además criterios de prioridad para instituciones que trabajen con poblaciones de alta vulnerabilidad social o en localidades con menor cobertura de servicios.

Otro de los puntos contemplados es la creación de un Registro Provincial de Organizaciones y Prestadores de Servicios para Personas con Discapacidad, requisito que sería necesario para acceder a los beneficios previstos por la ley.

En los fundamentos, el legislador también menciona como antecedente reciente la decisión de la provincia de Córdoba de crear un fondo extraordinario para asistir económicamente a instituciones prestadoras de discapacidad frente al agravamiento de la crisis.

Del Frade sostuvo que la iniciativa no busca reemplazar las responsabilidades del Estado nacional en materia de financiamiento y regulación del sistema, sino “amortiguar el impacto de la crisis y sostener redes territoriales de atención y cuidado”.

El proyecto también incorpora mecanismos de transparencia y rendición pública, estableciendo que la autoridad de aplicación deberá publicar anualmente información sobre montos ejecutados, beneficiarios y destino de los recursos asignados.

Mientras continúan los reclamos de instituciones y familias en distintas provincias, el debate sobre el financiamiento del sistema de discapacidad suma ahora una nueva discusión en la Legislatura santafesina, en un escenario donde organizaciones del sector advierten que la continuidad de muchas prestaciones esenciales se encuentra en riesgo.