El proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná volvió a quedar en el centro de la discusión política tras la presentación de denuncias por presuntas irregularidades en la documentación utilizada para avanzar con la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En ese contexto, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó un proyecto de comunicación en la Legislatura santafesina para que el gobierno provincial informe cuál será su posición frente a las denuncias formuladas en el Congreso de la Nación.
La iniciativa apunta específicamente a las acusaciones sobre la utilización de documentación presuntamente falsa para respaldar el nuevo llamado a licitación pública e internacional de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná.
En los fundamentos del proyecto, Del Frade retoma una presentación realizada por el diputado nacional Jorge Taiana, quien pidió suspender el proceso licitatorio hasta que se esclarezcan las denuncias radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
Según el planteo, uno de los principales cuestionamientos está vinculado a un supuesto informe atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que habría sido utilizado como aval técnico del proceso licitatorio. Sin embargo, la denuncia sostiene que esa documentación podría ser apócrifa.
El proyecto también advierte sobre otras presuntas irregularidades, entre ellas la falta de estudios integrales de impacto ambiental, posibles direccionamientos en los pliegos licitatorios y limitaciones a la participación de las provincias ribereñas en el control de una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.
Según se detalla en la presentación, una investigación técnico-forense habría detectado inconsistencias en los documentos utilizados durante el proceso. Entre ellas, que los archivos fueron generados mediante Microsoft Word Office 365 y no responderían a los formatos institucionales habituales de Naciones Unidas. Además, se señala la ausencia de firmas digitales criptográficas válidas.
Otro de los ejes del cuestionamiento gira alrededor de la profundización del calado del Río Paraná prevista en el proyecto licitatorio, que llevaría la navegación a profundidades de entre 40 y 44 pies. Según el texto presentado por Del Frade, distintas advertencias judiciales y técnicas alertan sobre posibles impactos en el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños.
La discusión también incorpora críticas sobre las condiciones económicas previstas en los pliegos. El proyecto sostiene que el esquema tarifario planteado podría garantizar ingresos mínimos para el futuro concesionario, trasladando costos a productores y usuarios de la vía navegable.
Además, la denuncia presentada ante la PIA menciona un posible favorecimiento a empresas extranjeras vinculadas históricamente al dragado y balizamiento de la Hidrovía, entre ellas la firma belga Jan De Nul.
En los fundamentos también aparece una advertencia vinculada a la soberanía fluvial y marítima argentina. Según el texto, el nuevo esquema podría favorecer el desvío de mercaderías hacia el Puerto de Montevideo, afectando el control argentino sobre la salida al Atlántico Sur.
Del Frade sostuvo que, frente a este escenario, resulta necesario conocer cuál será la posición oficial del gobierno santafesino respecto de un proceso que involucra directamente al principal corredor exportador del país y atraviesa intereses económicos, ambientales y estratégicos para la región.
La nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay se convirtió en uno de los debates más sensibles en torno al control de la infraestructura fluvial argentina, en un contexto donde distintos sectores vienen reclamando mayor participación provincial, transparencia y evaluaciones ambientales integrales sobre el futuro de la principal vía de exportación del país.