La iniciativa establece un plazo de 360 días para que personas que posean armas de uso civil, uso civil condicional o repuestos principales puedan iniciar el proceso de registración correspondiente en caso de no contar con la documentación exigida por la normativa vigente.
El objetivo principal de la medida es ampliar la cantidad de armas registradas dentro del sistema formal y mejorar la capacidad de control y trazabilidad por parte del Estado sobre materiales considerados sensibles.
Desde el organismo señalaron que una mayor registración permitirá contar con información más precisa sobre el universo de armas en circulación y fortalecer los mecanismos de seguimiento y control.
La ley se enmarca dentro de la normativa histórica sobre regulación de armas en la Argentina, que incluye la Ley de Armas 20.429 de 1973, el decreto reglamentario de 1975 y la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que posteriormente fue transformado en el nuevo RENAR mediante el Decreto 445 de 2025.
Según datos oficiales difundidos por el organismo, actualmente existen 950.353 usuarios individuales de armas registrados en la Argentina. Sin embargo, de ese total, 595.204 tienen sus permisos vencidos y solo 355.149 permanecen vigentes.
En paralelo, la ley también extendió por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una herramienta que permite a los ciudadanos entregar armas de manera voluntaria para retirarlas de circulación.
El programa funciona como complemento del esquema de regularización: mientras una vía busca incorporar armas al sistema formal, la otra apunta a disminuir la cantidad de armas en circulación.
De acuerdo con los registros oficiales, entre 2017 y 2023 fueron entregadas miles de armas mediante este programa, aunque durante la pandemia se produjo una fuerte caída en la cantidad de entregas.
La nueva normativa también forma parte del proceso de modernización administrativa impulsado por el organismo, que en los últimos meses avanzó con medidas como la digitalización de credenciales, la implementación de la Tenencia Express, la Tarjeta de Municiones y los sistemas simplificados de transferencia entre particulares.
Desde el RENAR remarcaron que la regularización no implica flexibilizar requisitos para acceder a armas de fuego, sino incorporar al sistema formal materiales que hoy permanecen fuera de los registros oficiales.
"Más registración significa más control", señalaron desde el organismo al presentar la iniciativa, que busca fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad estatal de fiscalización.