La reciente muerte de un trabajador en una terminal portuaria del sur de Rosario volvió a poner en agenda las condiciones de seguridad laboral en uno de los sectores más dinámicos de la economía santafesina. A partir de ese hecho, ingresó en la Legislatura provincial un pedido de informes para esclarecer las circunstancias del accidente y conocer la cantidad de muertes laborales registradas en Santa Fe durante los últimos años, al tiempo que se reactivó el debate sobre la necesidad de contar con una normativa específica para regular las instalaciones dedicadas al acopio y procesamiento de granos.
El accidente ocurrió el pasado 18 de mayo en la terminal cerealera Terminal 7, ubicada sobre el Acceso Sur de Rosario. Según se desprende del pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados, el trabajador realizaba tareas de limpieza en una noria cuando cayó desde gran altura y falleció en el lugar. De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, fueron sus propios compañeros quienes advirtieron su ausencia al finalizar el turno de trabajo, momento en el que se desplegó un operativo que incluyó la participación de personal policial y de Prefectura Naval.
A raíz de este episodio, el diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo provincial que informe las causas y circunstancias del accidente fatal, además de detallar la cantidad de siniestros laborales con víctimas fatales ocurridos en los 19 departamentos santafesinos durante los últimos años.
La iniciativa se vincula con un proyecto legislativo más amplio, también impulsado por Del Frade, que propone establecer un marco regulatorio específico para las instalaciones dedicadas a la recepción, clasificación, acondicionamiento, acopio y conservación de granos en todo el territorio provincial.
La propuesta busca regular la localización y el funcionamiento de silos, elevadores, galpones y demás estructuras vinculadas a la actividad cerealera, incorporando requisitos ambientales, sanitarios y de seguridad laboral. Entre otros puntos, establece la obligación de implementar planes de acción destinados a prevenir accidentes de trabajo, reducir la siniestralidad y garantizar protocolos adecuados para proteger la salud y la integridad física de los trabajadores.
El proyecto también plantea exigencias relacionadas con el control de emisiones de polvo, la reducción de riesgos ambientales, la gestión de residuos y la instalación de sistemas de seguridad en los distintos sectores operativos de las empresas dedicadas al almacenamiento y procesamiento de granos.
En los fundamentos de la iniciativa legislativa se advierte que la problemática no se limita únicamente a los impactos ambientales generados por las plantas de acopio, sino también a las condiciones laborales que enfrentan quienes desarrollan tareas en esos establecimientos.
El texto sostiene que el movimiento, almacenamiento y acondicionamiento de granos implica riesgos específicos para los trabajadores, por lo que resulta necesario fortalecer los controles y establecer normas que reduzcan la posibilidad de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Además, el proyecto menciona que numerosas localidades santafesinas vienen registrando reclamos por la presencia de plantas de acopio ubicadas en áreas urbanas o próximas a zonas habitadas, situación que genera preocupaciones vinculadas tanto a la salud pública como a la seguridad ambiental.
Según los fundamentos presentados, las emisiones de material particulado, la circulación constante de camiones de gran porte, los riesgos de accidentes, la proliferación de plagas y la exposición a determinados productos utilizados en la conservación de granos constituyen aspectos que requieren una regulación más estricta y actualizada.
La muerte del trabajador en Terminal 7 volvió a poner de relieve los riesgos asociados a las tareas desarrolladas en puertos, silos y plantas de almacenamiento de granos, una actividad estratégica para la economía provincial pero que también presenta condiciones de trabajo complejas y de alta exposición al peligro.
En ese contexto, el pedido de informes impulsado en la Legislatura busca obtener precisiones sobre lo ocurrido en Rosario y conocer la dimensión real de los accidentes laborales fatales registrados en Santa Fe. Paralelamente, la propuesta de regulación integral de las instalaciones de acopio intenta avanzar sobre una discusión más amplia vinculada a la prevención, la seguridad laboral y la protección de la salud de trabajadores y comunidades.
La iniciativa legislativa fue presentada en la última sesión de la cámara de diputados para su análisis parlamentario y reabre un debate que atraviesa a una de las principales actividades productivas de la provincia: cómo compatibilizar el desarrollo económico, la protección ambiental y las condiciones de seguridad de quienes sostienen diariamente el funcionamiento del complejo agroexportador santafesino.