Proponen una ley para enfrentar la exclusión laboral después de los 40

Mientras gran parte de las discusiones sobre empleo se concentran en los jóvenes, existe otro sector de la población que enfrenta crecientes dificultades para acceder al trabajo formal: las personas mayores de 40 años.

Se trata de hombres y mujeres que acumulan experiencia laboral, conocimientos técnicos y trayectorias de trabajo, pero que muchas veces encuentran cerradas las puertas del mercado laboral cuando pierden su empleo. La situación se vuelve especialmente crítica en contextos de crisis económica, cierre de fábricas, caída de la actividad industrial y retracción de las pequeñas y medianas empresas, donde los despidos suelen impactar con fuerza sobre trabajadores con décadas de experiencia.

Con ese diagnóstico como punto de partida, el diputado provincial Carlos del Frade presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley para crear el Programa de Promoción Laboral Adulta para Personas Mayores de 40 Años, una iniciativa destinada a incentivar la contratación de trabajadores y trabajadoras que hoy enfrentan serias dificultades para reinsertarse laboralmente.

La propuesta apunta a generar herramientas concretas para combatir una problemática que rara vez ocupa un lugar central en la agenda política, pese a que afecta a miles de familias santafesinas.

En los fundamentos del proyecto, Carlos Del Frade advierte que el problema no está vinculado a una falta de capacidad o formación, sino a prácticas discriminatorias cada vez más naturalizadas dentro del mercado laboral: "la problemática no responde únicamente a factores vinculados a la formación o la productividad, sino también a la persistencia de prácticas discriminatorias asociadas a la edad", sostiene el texto legislativo. El fenómeno tiene incluso un nombre específico: edadismo.

Según estudios citados en el proyecto, el 61% de los trabajadores argentinos manifestó haber sufrido o presenciado situaciones de discriminación vinculadas a la edad durante búsquedas laborales o dentro de sus ámbitos de trabajo. A su vez, el 67% de la población considera que la edad constituye actualmente uno de los principales motivos de discriminación en el acceso al empleo.

La situación se agrava particularmente a partir de los 45 o 50 años, cuando muchas empresas directamente limitan o descartan postulaciones por cuestiones etarias, aun cuando los candidatos cumplen con los requisitos técnicos y profesionales exigidos para los puestos disponibles.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que pone el foco en las consecuencias sociales que genera el desempleo prolongado en este sector de la población.

A diferencia de otros grupos etarios, quienes atraviesan la pérdida de empleo después de los 40 años suelen encontrarse en una etapa de la vida donde tienen responsabilidades familiares, hijos a cargo, créditos, alquileres o tareas de cuidado que sostener.

"La falta de oportunidades laborales para las personas mayores de 40 años genera consecuencias que exceden la dimensión económica. El desempleo prolongado impacta sobre la calidad de vida, debilita los vínculos sociales, incrementa la dependencia de programas asistenciales y afecta la estabilidad de los hogares", señala el proyecto.

La situación adquiere una dimensión aún más compleja porque muchas de estas personas tampoco reúnen las condiciones necesarias para acceder a una jubilación o pensión, quedando atrapadas en una especie de limbo laboral: demasiado jóvenes para jubilarse y demasiado grandes para un mercado laboral que privilegia perfiles más jóvenes.

Qué propone la iniciativa

El proyecto establece la creación de un programa provincial destinado a promover la contratación de personas mayores de 40 años desocupadas o sin empleo formal estable. Para lograrlo, contempla una asistencia económica destinada a micro, pequeñas y medianas empresas que incorporen trabajadores incluidos en el programa.

La ayuda estatal cubriría el equivalente al 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil durante los primeros seis meses de contratación y el 50% durante los seis meses siguientes. La empresa deberá completar la diferencia correspondiente al convenio colectivo aplicable.

Además, la iniciativa incorpora mecanismos destinados a evitar abusos o reemplazos encubiertos de trabajadores.

Las empresas adheridas no podrán haber realizado despidos recientes, deberán contar con personal registrado y tendrán prohibido sustituir trabajadores existentes por beneficiarios del programa.

Por otra parte, los contratos laborales generados a través de este régimen no podrán tener una duración inferior a dos años. En caso de despido sin causa antes de ese plazo, la empresa deberá afrontar sanciones económicas específicas.

El proyecto también incorpora criterios de paridad de género y promueve la inclusión de mujeres y personas trans, travestis y transexuales dentro de los mecanismos de acceso al programa.

La presentación de la iniciativa ocurre en un escenario económico marcado por dificultades persistentes en sectores históricamente generadores de empleo.

De acuerdo con los datos citados en los fundamentos del proyecto, la tasa de desocupación alcanzó el 7,5% a nivel nacional durante el cuarto trimestre de 2025. En Santa Fe, el desempleo se ubicó en el 6,5% en el Gran Rosario y en el 4,7% en el Gran Santa Fe.

Al mismo tiempo, diversos informes económicos muestran que actividades intensivas en mano de obra, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio, continúan atravesando dificultades. Un reciente análisis de CEPA señala que la industria manufacturera registró una caída del 9,4% respecto de los niveles previos al actual ciclo económico, mientras que la construcción retrocedió 13,8%.

Detrás de esos números aparecen miles de historias personales. Trabajadores con décadas de experiencia que, tras el cierre de una fábrica, una reducción de personal o una crisis empresarial, descubren que volver a conseguir empleo puede resultar mucho más difícil de lo que imaginaban.

En ese contexto, el proyecto impulsado por Carlos del Frade busca instalar una pregunta que rara vez aparece en la agenda pública: qué ocurre con quienes todavía tienen muchos años de vida laboral por delante, pero encuentran cada vez más obstáculos para acceder a una oportunidad de trabajo.

La respuesta, sostiene la iniciativa, no puede quedar librada exclusivamente a las reglas del mercado. Requiere de una intervención activa del Estado, de incentivos para el sector productivo y de políticas que reconozcan el valor de la experiencia acumulada por miles de trabajadores y trabajadoras santafesinos.