Impulsan un sistema provincial para detectar riesgos antes de que se conviertan en enfermedades

Durante años, numerosos conflictos ambientales atravesaron distintas regiones de Santa Fe. Las fumigaciones cerca de zonas urbanas, la contaminación de cursos de agua, los basurales a cielo abierto, los incendios en las islas, la actividad industrial y los efectos cada vez más visibles del cambio climático forman parte de una realidad que genera preocupación en comunidades de toda la provincia.

Sin embargo, una de las principales dificultades al momento de abordar estas problemáticas suele ser la falta de información pública sistematizada que permita establecer patrones, detectar riesgos o evaluar posibles impactos sobre la salud de la población.

Con ese diagnóstico como punto de partida, el diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Monitoreo de Salud Ambiental (SIPMSA), una herramienta que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Salud y tendría como objetivo recopilar, analizar y difundir información sobre factores ambientales que puedan afectar la salud de los santafesinos. La propuesta busca fortalecer la capacidad del Estado para generar evidencia científica y epidemiológica que permita diseñar políticas públicas de prevención, promoción y protección de la salud ambiental.

En los fundamentos de la iniciativa, Del Frade señala que la relación entre ambiente y salud constituye uno de los grandes desafíos de las políticas públicas contemporáneas.

"La calidad del aire, del agua y del suelo, las condiciones habitacionales, las actividades productivas, la gestión de residuos, la exposición a sustancias peligrosas y los efectos del cambio climático inciden de manera directa e indirecta sobre la salud de las personas y las comunidades", sostiene el proyecto.

Santa Fe es una provincia donde conviven grandes complejos industriales, puertos exportadores, producción agropecuaria intensiva, centros urbanos en expansión y ecosistemas estratégicos como el río Paraná y sus humedales.

Esa diversidad productiva genera desarrollo económico, pero también plantea desafíos vinculados a la protección ambiental y sanitaria. Según plantea la iniciativa, resulta necesario que el Estado cuente con herramientas permanentes para comprender cómo interactúan esos factores con los procesos de salud y enfermedad que atraviesan las comunidades.

Qué propone el sistema de monitoreo

El SIPMSA tendría la función de recopilar y procesar información vinculada a enfermedades y eventos sanitarios asociados a factores ambientales, intoxicaciones agudas y crónicas, exposición a sustancias peligrosas, calidad del aire, calidad del agua, contaminación del suelo, gestión de residuos y riesgos derivados de actividades productivas.

Además, permitiría elaborar indicadores provinciales de salud ambiental, identificar tendencias epidemiológicas, detectar áreas críticas y desarrollar herramientas de georreferenciación para localizar territorios con posibles situaciones de riesgo.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no busca establecer automáticamente relaciones causales entre una actividad productiva y una enfermedad determinada, sino generar información objetiva y permanente que permita detectar patrones y orientar investigaciones posteriores.

"La finalidad no es establecer relaciones causales automáticas entre determinadas actividades y enfermedades específicas, sino construir información objetiva, sistemática y permanente que permita identificar tendencias, riesgos, patrones territoriales y eventuales situaciones que requieran intervenciones preventivas o investigaciones complementarias", señalan los fundamentos.

La propuesta se apoya en una lógica preventiva. En lugar de actuar únicamente cuando los problemas sanitarios ya están instalados, el sistema permitiría detectar señales tempranas y generar alertas que faciliten intervenciones oportunas.

Según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citados en el proyecto, la producción de información confiable constituye una condición indispensable para prevenir riesgos y diseñar políticas públicas eficaces.

En ese sentido, el sistema podría transformarse en una herramienta clave para municipios, comunas, universidades, centros de investigación y organismos públicos que actualmente muchas veces trabajan con información dispersa o incompleta.

Cambio climático y nuevas amenazas sanitarias

Otro de los ejes centrales de la iniciativa está vinculado a los efectos del cambio climático. El proyecto advierte que fenómenos como olas de calor, sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales y eventos meteorológicos extremos tienen impactos directos e indirectos sobre la salud de las poblaciones.

La provincia de Santa Fe ha experimentado en los últimos años algunos de esos fenómenos con especial intensidad. Los incendios en las islas del Paraná, las bajantes históricas del río y los eventos climáticos extremos pusieron en evidencia la necesidad de contar con herramientas de monitoreo capaces de anticipar riesgos y orientar respuestas estatales.

Para Del Frade, disponer de sistemas de información robustos permitirá mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a estos escenarios y fortalecer las políticas de adaptación y prevención.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la incorporación del acceso a la información ambiental como principio rector del sistema.

La iniciativa establece que los informes producidos deberán ser públicos y de libre acceso, respetando la confidencialidad de los datos personales pero garantizando la difusión de información estadística y territorial relevante para la ciudadanía. La autoridad de aplicación deberá elaborar un Informe Provincial de Salud Ambiental cada año, donde se presenten indicadores, tendencias epidemiológicas, análisis territoriales y recomendaciones para prevenir riesgos ambientales.

La propuesta también se apoya en principios reconocidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en cuestiones vinculadas al ambiente.