Ley de Tierras: cómo regulan Brasil, Uruguay y Paraguay la compra de campos por extranjeros

El proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales que impulsa el Gobierno de Javier Milei abriría un cambio profundo en el régimen de compra de campos por parte de extranjeros y colocaría a la Argentina entre los países con menores restricciones de Sudamérica para este tipo de inversiones.

La iniciativa, que el Senado debatirá este jueves, elimina los límites vigentes para personas y empresas privadas extranjeras, aunque endurece los controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.

Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera.

Según datos oficiales, apenas alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras, muy por debajo del tope legal.

Brasil: límites por municipio y nacionalidad

Brasil mantiene una de las regulaciones más estrictas de la región.

La Ley 5.709/71 limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, mientras que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie.

Además, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) controla el registro de esas operaciones.

En comparación, el proyecto argentino elimina los topes para los inversores privados, por lo que el esquema sería considerablemente más flexible que el brasileño.

Uruguay: controles y mayor transparencia

Uruguay tampoco impide la compra de campos por extranjeros, pero exige mecanismos de identificación y transparencia.

La legislación obliga a identificar a los accionistas de las sociedades propietarias, registrar la titularidad de las tierras y transparentar la composición de las empresas.

Incluso, el Parlamento uruguayo analiza iniciativas para reforzar los controles sobre las adquisiciones de tierras, especialmente en las zonas fronterizas.

De aprobarse la reforma impulsada por Milei, Argentina pasaría a tener un régimen menos restrictivo que el uruguayo.

Paraguay presenta uno de los mayores niveles de participación extranjera en la propiedad rural.

Diversos estudios estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios extranjeros y que, en algunos departamentos fronterizos, esa participación alcanza hasta el 60%, principalmente por inversiones brasileñas.

Sin embargo, ese fenómeno responde a un proceso histórico y no implica un esquema de apertura irrestricta como el que propone la iniciativa argentina.

El cambio que impulsa Milei

El Gobierno sostiene que la ley vigente desalienta inversiones millonarias, especialmente en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia.

Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la reforma busca diferenciar a los inversores privados de los Estados extranjeros: mientras los primeros dejarían de tener restricciones para adquirir tierras, los segundos quedarían sometidos a controles más estrictos y necesitarán autorización específica para concretar operaciones.

Para el Ejecutivo, el objetivo es facilitar el ingreso de capital privado sin resignar mecanismos de control sobre gobiernos extranjeros.

Si el Congreso aprueba la iniciativa, Argentina pasará de uno de los sistemas con mayores limitaciones legales para la compra de tierras rurales por extranjeros a uno de los más abiertos de la región, en contraste con Brasil, que mantiene límites territoriales; Uruguay, que conserva controles de transparencia; y Paraguay, donde la elevada presencia de capital extranjero convive con regulaciones específicas.