Proponen declarar la emergencia provincial en violencia de género

La legislatura provincial podría declarar la emergencia provincial en violencias de género durante un período de dos años, a partir de un proyecto de ley presentado por la diputada Claudia Balagué que busca fortalecer las políticas de prevención, asistencia, protección y reparación frente a las situaciones de violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+.

La iniciativa establece que la emergencia abarque todo el territorio provincial y contempla la posibilidad de que sea prorrogada por otros dos años si persisten las razones que motivaron su declaración. El objetivo planteado es reducir el número de víctimas y fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias de género.

Uno de los principales instrumentos previstos es la elaboración de un Plan de Acción para la Emergencia Provincial en Violencia de Género, que debería ser diseñado con participación de los tres poderes del Estado, municipios y comunas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la problemática, incorporando una perspectiva estratégica y territorial.

Los fundamentos de la iniciativa advierten sobre un escenario que evidencia la necesidad de una respuesta excepcional por parte del Estado.

De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de MuMaLá citados en el proyecto, entre el 1° de enero y el 18 de agosto de 2026 se registraron 32 femi(ni)cidios en Santa Fe. De ese total, 15 fueron identificados como directos o íntimos, mientras que también se contabilizó un travesticidio, cuatro femicidios vinculados, tres ocurridos en contextos de narcotráfico y crimen organizado y nueve casos que permanecían bajo investigación.

El documento agrega que durante 2025 el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad provincial habían informado 30 femicidios. En tanto, durante los primeros meses de 2026 se contabilizaron 60 intentos de femicidio hasta el 18 de agosto, frente a los 40 registrados durante el mismo período del año anterior.

Otro de los datos que el proyecto considera especialmente preocupante es que, de los 15 femicidios directos registrados, sólo una de las víctimas había denunciado previamente a su agresor y contaba con una medida de restricción. Para los autores de la iniciativa, esta situación pone en discusión la eficacia de las actuales estrategias de prevención y protección y las dificultades para garantizar un acceso efectivo y oportuno a la Justicia.

El relevamiento citado también muestra que la violencia femicida atraviesa distintas edades y sectores sociales. El 47% de las víctimas tenía entre 18 y 39 años y el 37% entre 40 y 69 años. Del total de 32 femi(ni)cidios registrados hasta el 18 de agosto, el 45% correspondió a Rosario y el Gran Rosario.

Una respuesta con presencia territorial

El proyecto plantea reforzar especialmente las capacidades de municipios y comunas, los equipos especializados y las redes comunitarias que intervienen como primera instancia de acompañamiento ante situaciones de violencia.

Los fundamentos destacan el papel de las organizaciones territoriales y comunitarias, particularmente en lugares donde existen barreras económicas, sociales, culturales o geográficas que dificultan el acceso a las instituciones estatales. La propuesta apunta a fortalecer su articulación con los gobiernos locales y los organismos provinciales y garantizar recursos para sus tareas de prevención, asistencia y protección.

La emergencia también contempla profundizar la aplicación de la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género y la Educación Sexual Integral, además de fortalecer la articulación entre los distintos poderes del Estado y avanzar en servicios especializados y patrocinio jurídico gratuito para las víctimas.

El contexto: una nueva movilización en Rosario

La propuesta legislativa se conoce en un contexto de creciente preocupación de organizaciones feministas y de diversidad por la violencia machista en Santa Fe. En Rosario, la Asamblea Lesbotransfeminista convocó para este miércoles 26 de agosto a una movilización en la plaza San Martín bajo el reclamo de declarar la emergencia por violencia machista.

La convocatoria se produce, según informó Página/12, en el marco de una seguidilla de hechos extremos y frente a lo que la organización caracteriza como un recrudecimiento de las violencias machistas en la ciudad.

La movilización coloca nuevamente el reclamo por políticas públicas específicas en el espacio público, mientras en la Legislatura provincial comienza a discutirse una propuesta que busca precisamente darle carácter de emergencia a la problemática y establecer una respuesta coordinada en todo el territorio santafesino.

Quiénes presentaron el proyecto

La iniciativa lleva las firmas de la diputada provincial Claudia Balagué, Carlos del Frade y Fabián Palo Oliver, todos integrantes de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

En sus fundamentos, los legisladores sostienen que la violencia de género constituye una grave vulneración de los derechos humanos y que el Estado debe garantizar políticas públicas integrales, sostenidas y con recursos suficientes para prevenir, asistir, proteger y reparar a las víctimas.

La propuesta busca que la declaración de emergencia no quede limitada a una definición formal, sino que se traduzca en una respuesta prioritaria y coordinada frente al aumento de los femicidios y las tentativas. “La prevención no puede esperar y la protección no puede llegar tarde”, sostienen los fundamentos del proyecto.