Proponen regular el uso de celulares e inteligencia artificial en las escuelas de Santa Fe

El diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto de ley en la Legislatura santafesina para regular el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets, computadoras portátiles y herramientas de inteligencia artificial por parte de estudiantes en las escuelas de la provincia. La iniciativa establece como criterio general que estos recursos solo puedan utilizarse cuando exista una finalidad pedagógica, de accesibilidad, de salud o de emergencia, y dentro de las pautas fijadas por cada institución educativa.

La propuesta establece restricciones diferentes de acuerdo con cada nivel educativo. En el nivel inicial, no se permitiría el uso de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar, salvo situaciones excepcionales vinculadas con accesibilidad, salud o emergencia que sean justificadas y autorizadas por el equipo directivo. Para este nivel, además, el proyecto plantea que la incorporación de tecnología tenga criterios pedagógicos restrictivos, una alta mediación docente y una baja exposición individual.

En el secundario, en cambio, habilita su utilización cuando el docente lo disponga con fines pedagógicos y dentro de una planificación o proyecto institucional. De esta manera, el proyecto no plantea una prohibición general de la tecnología en las escuelas, sino una regulación de las condiciones en las que puede incorporarse al proceso educativo.

Qué plantea sobre la inteligencia artificial

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes dentro de la regulación. El texto propone que estas herramientas sean utilizadas para fortalecer la enseñanza, la comprensión, la producción, la retroalimentación, la accesibilidad y el acompañamiento de las trayectorias escolares, pero establece que no deberían reemplazar procesos pedagógicos centrales ni debilitar la formación intelectual, crítica, ética y autónoma de los estudiantes.

La iniciativa también enumera situaciones en las que estaría prohibido utilizar inteligencia artificial o tecnologías emergentes. Entre ellas aparecen el reemplazo generalizado de la producción intelectual de los estudiantes, la imposibilidad de verificar los procesos reales de comprensión y aprendizaje, la vulneración de la privacidad y los datos personales, la introducción de sesgos discriminatorios sin supervisión humana y las prácticas que afecten la integridad académica, la evaluación o la autoría de las producciones. También contempla la prohibición de utilizar estas herramientas para hostigar, humillar, manipular o vulnerar derechos dentro de la comunidad educativa.

Cuando el uso de inteligencia artificial sea autorizado en actividades académicas, las instituciones y los docentes deberían establecer previamente qué usos están permitidos, en qué actividades pueden emplearse, cuándo debe declararse su utilización y qué partes de los trabajos deben ser necesariamente de elaboración propia. El proyecto también prevé pautas específicas para evaluaciones, exámenes y otras instancias de acreditación.

Otro de los puntos incluidos es una serie de prohibiciones comunes para todos los niveles y modalidades. El proyecto plantea impedir la captación, grabación, fotografía o difusión de imágenes, audios o videos dentro de los establecimientos sin autorización institucional y consentimiento, además del uso de dispositivos para hostigamiento, acoso, intimidación o discriminación. También busca evitar la simulación de autoría y la utilización de herramientas tecnológicas para falsear producciones o vulnerar la integridad de las evaluaciones.

Relevamiento del impacto y formación docente

La iniciativa no se limita a establecer prohibiciones. También propone que el Ministerio de Educación realice relevamientos sistemáticos y periódicos para evaluar el impacto del uso de dispositivos personales, inteligencia artificial y tecnologías emergentes en el sistema educativo. Entre los aspectos a medir aparecen la atención y concentración, la comprensión lectora, la escritura, el razonamiento, la autonomía, la motivación, los hábitos de estudio, la convivencia y la socialización.

El proyecto establece además que los resultados de esos relevamientos sean publicados anualmente y enviados a la Legislatura provincial. También contempla la posibilidad de implementar experiencias piloto y proyectos de innovación vinculados con tecnologías emergentes, aunque establece que ninguna innovación debería generalizarse sin evidencia suficiente sobre su aporte a la mejora de los aprendizajes.

En paralelo, la propuesta incluye acciones de formación y acompañamiento destinadas a equipos directivos, docentes, estudiantes y familias. Los contenidos deberían abarcar convivencia y ciudadanía digital, alfabetización mediática e informacional, uso pedagógico de tecnologías, criterios para la utilización de inteligencia artificial, evaluación de aprendizajes y prevención del ciberacoso y protección de datos.

El proyecto también contempla una excepción específica para estudiantes que necesitan dispositivos tecnológicos como herramientas de accesibilidad, comunicación, seguimiento de salud, traducción o adaptación. En esos casos, la regulación no debería impedir el ejercicio pleno del derecho a la educación y la reglamentación tendría que establecer procedimientos ágiles y no estigmatizantes.