Ordenan medidas urgentes para contener un peligroso pasivo ambiental sobre el Paraná

En el marco de una audiencia clave llevada a cabo en los Tribunales de San Lorenzo, la Justicia santafesina resolvió ordenar medidas urgentes a la empresa AR Zinc S.A. ante la alarmante situación ambiental que atraviesa el predio de su ex planta industrial, ubicada en la localidad de Fray Luis Beltrán.

El dictamen, firmado por el juez Eugenio Romanini, responde al pedido formal de la Fiscalía para que se disponga el inmediato "cese del estado antijurídico". La medida exige a la firma privada la ejecución inmediata de obras de ingeniería para la estabilización y el apuntalamiento de la barranca lindera al río Paraná, además de garantizar tareas eficaces de tratamiento, contención y no dispersión de los materiales nocivos depositados en el lugar.

Una "bomba de tiempo" a orillas del Paraná

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso un preocupante diagnóstico sobre la vulnerabilidad del terreno. Según las advertencias presentadas, el predio acumula cerca de 800.000 toneladas de residuos peligrosos derivados de décadas de procesamiento industrial de metales pesados, destacándose grandes volúmenes de jarosita.

Un eventual colapso de la barranca provocado por la erosión hídrica o la inestabilidad del suelo podría desencadenar el vertido directo de estos contaminantes al curso del río Paraná, generando consecuencias ecológicas y sanitarias de incalculable magnitud para toda la región metropolitana.

Plazos estricto y supervisión provincial

La resolución judicial estableció plazos para cada etapa de los trabajos. En primer lugar, otorgó diez días para presentar formalmente una propuesta técnica que indique cómo se intervendrá la barranca y qué se hará con los residuos.

Una vez aprobada esa propuesta, deberá entregarse el proyecto ejecutivo, con la documentación técnica detallada, la nómina de profesionales responsables y un cronograma integral. Las obras de apuntalamiento y contención deberán estar terminadas en un plazo máximo de ocho meses.

Para evitar dilaciones, el magistrado dispuso que la firma deberá elevar informes quincenales de avance de obra. El monitoreo y la fiscalización del proceso quedarán bajo el control coordinado de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.