Carlos Del Frade presentó el Servicio de Escritura Social

El diputado provincial Carlos del Frade presentó esta semana en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que busca saldar una deuda histórica con miles de familias santafesinas: la falta de título de propiedad de sus viviendas. La iniciativa, que lleva la firma del legislador del Frente Amplio por la Soberanía, crea el Servicio Público Provincial de Escritura Social, un dispositivo estatal permanente que garantiza el acceso gratuito a la mensura y la escrituración de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Según los fundamentos del proyecto, la informalidad dominial en Santa Fe no es un fenómeno marginal sino un problema estructural. Los datos oficiales del Registro Nacional de Barrios Populares confirman la existencia de 341 barrios populares en territorio santafesino, donde habitan unas 100.000 familias, de las cuales más de 35.000 corresponden al Gran Rosario y cerca de 24.000 al Gran Santa Fe. A eso se suman los loteos sociales históricos sin planos de subdivisión, las viviendas construidas por el propio Estado que nunca fueron escrituradas y los loteos particulares irregulares de la trama urbana consolidada.

“Distintas fuentes académicas y estatales estiman que entre el 15% y el 20% de las viviendas de la provincia presentan deficiencias registrales, alcanzando a un universo potencial superior a los 180.000 hogares”, sostiene el proyecto. Para cualquier familia de los sectores populares, acceder a la escritura por la vía del mercado privado resulta materialmente imposible: un trámite ordinario exige contratar un agrimensor para confeccionar un plano de mensura individual con un costo de mercado que ronda los 2.000.000 pesos. Exigir a una familia trabajadora desembolsar ese monto para escriturar su casa equivale en la práctica a negarle el derecho a la propiedad”, afirma Del Frade.

Cómo funcionaría el Servicio Público

El proyecto organiza el sistema en tres áreas operativas. En primer lugar, crea la Dirección Operativa de Mensura Social dentro del Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT), integrada por agrimensores y técnicos en relación de dependencia con la Administración Pública Provincial, con la tarea de ejecutar directamente los relevamientos topográficos, mensuras de deslinde, fraccionamiento y parcelamiento social sin costo para los beneficiarios.

En segundo lugar, faculta a la Escribanía General de Gobierno a designar escribanos adscriptos o delegados operativos, también en relación de dependencia, quienes asumirán la confección, protocolización y firma descentralizada de las escrituras traslativas de dominio y las actas de regularización dominial en toda la provincia.

El tercer eje es la desvinculación de la matrícula profesional. El artículo 7° del proyecto establece que los profesionales de la agrimensura, del derecho y del notariado que revistan como agentes públicos quedan exentos de la exigencia de matriculación activa ante los colegios profesionales para la validez de sus actos oficiales, y eximidos del pago de aportes previsionales, aportes colegiales y aranceles de visación. La norma también prohíbe a los organismos públicos y al Registro General de la Propiedad requerir visado previo, sellado o autorización de los colegios profesionales en los trámites de registración.

Financiamiento propio y vínculo con la Ley Pierri

El proyecto crea el Fondo Provincial para la Escritura Social, una cuenta especial dentro del Presupuesto General de la Provincia que se financiará con tres fuentes: el 2% de la recaudación total del Impuesto a los Sellos sobre actos y contratos del mercado inmobiliario privado; el 5% de las Tasas Retributivas de Servicios del Registro General de la Propiedad y del Servicio Catastral Territorial sobre trámites del mercado privado; y las partidas que asigne anualmente la Ley de Presupuesto.

El proyecto también se articula con la Ley Nacional N° 24.374, conocida como Ley Pierri, que permite a los ocupantes de inmuebles privados regularizar su situación dominial si acreditan posesión pacífica y continua desde antes de 2006. La iniciativa de Del Frade declara al Servicio Público de Escritura Social como procedimiento preferente para la aplicación de la Ley Pierri en Santa Fe, y establece que las actas de regularización y de consolidación de dominio se realizarán de oficio y en forma exclusiva por la Escribanía General de Gobierno. Transcurridos los diez años desde la inscripción del acta de regularización, la consolidación de dominio se otorgará e inscribirá de oficio.

El diagnóstico: 30.000 escrituras en 15 años frente a 180.000 viviendas pendientes

Del Frade reconoce en los fundamentos del proyecto el camino recorrido por la Dirección Provincial de Regularización Dominial y los equipos de Hábitat del gobierno provincial y municipios, que “aplicando la Ley Pierri y los sucesivos programas provinciales y locales han entregado entre 25.000 y 30.000 escrituras sociales en los últimos quince años”. Sin embargo, advierte que los ritmos actuales son insuficientes: “Los límites del marco actual impiden dar un salto de escala frente a una demanda tan masiva. Los ritmos actuales de escrituración son insuficientes para saldar una demanda acumulada de 180.000 viviendas, y la falta de capacidad operativa propia para realizar planos de mensura masivos genera cuellos de botella que dilatan los trámites durante años”.

El proyecto propone “fortalecer la estructura pública existente transformando la regularización dominial en un Servicio Público Estatal, dotado de presupuesto propio sustentado por el Impuesto a los Sellos y las tasas retributivas del mercado inmobiliario, y respaldando la tarea de agrimensores y escribanos de la planta permanente del Estado capaces de mensurar y escriturar de oficio”.

En los fundamentos, Del Frade subraya que el impacto de entregar una escritura pública va mucho más allá de un trámite administrativo. “El título de propiedad otorga seguridad jurídica absoluta, elimina para siempre el fantasma del desalojo y consolida a la familia en su lugar. Una familia con título firme invierte en su casa, accede al crédito formal para refacciones, se conecta a las redes de servicios públicos e integra formalmente su barrio a la ciudad”.

El proyecto invita a las municipalidades de la provincia a adherir al régimen para delegar en la Provincia la mensura, fraccionamiento y escrituración social de los loteos fiscales de titularidad municipal o comunal. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta días desde su promulgación.