Proponen una comisión bicameral para controlar las concesiones de los puertos santafesinos

El diputado provincial Carlos del Frade presentó en la Legislatura de Santa Fe un proyecto de ley que propone crear una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Privatización de los Puertos Públicos Santafesinos. El organismo tendría carácter permanente y estaría integrado por seis diputados y seis senadores, con representación proporcional de los bloques parlamentarios e igualdad de género. Su ámbito de actuación comprendería los puertos públicos de Santa Fe, Rosario, Villa Constitución y Reconquista, incluidas sus terminales, muelles, dársenas e instalaciones.

La iniciativa plantea que el objetivo del organismo sea controlar los procesos de privatización, concesión, tercerización, arrendamiento o transferencia de la explotación de esas instalaciones. Según los fundamentos del proyecto, los puertos públicos deben funcionar como herramientas para el desarrollo productivo, el trabajo y la soberanía provincial, y no quedar reducidos a espacios de negocios concentrados. El texto propone que las decisiones y los contratos vinculados con estas terminales se ajusten a las normas nacionales y provinciales que regulan la actividad portuaria.

Uno de los principales mecanismos previstos es la obligación del Poder Ejecutivo provincial de enviar informes mensuales a la comisión. La documentación debería remitirse durante los primeros diez días hábiles de cada mes e incluir información sobre lo ocurrido en cada puerto durante el período anterior.

Entre los datos requeridos figuran las licitaciones, concesiones, prórrogas y rescisión de contratos; la identidad y composición accionaria de las empresas adjudicatarias; los cánones percibidos; las deudas de las concesionarias con el Estado provincial y los municipios; y los volúmenes de carga movilizados, discriminados por producto, origen y destino. También se solicita información sobre los recursos económicos que quedan en las localidades portuarias como consecuencia de la actividad.

El proyecto incorpora además cuestiones laborales, ambientales y de seguridad. Los informes deberían detallar la cantidad de trabajadores directos y tercerizados, el cumplimiento de los convenios colectivos, los salarios, los aportes previsionales, los despidos y los accidentes laborales. También contemplarían las obras de infraestructura, dragado y balizamiento, los controles sobre las cargas para prevenir el narcotráfico, el contrabando y la evasión, los estudios de impacto ambiental y los convenios firmados con organismos nacionales, otros gobiernos y empresas privadas.

La comisión tendría que analizar esos reportes y publicar mensualmente un documento denominado Informe sobre los Puertos Públicos Santafesinos, que sería elevado a ambas cámaras legislativas y al Poder Ejecutivo, además de difundirse en las páginas web de la Legislatura. También podría emitir opinión antes de que se concrete un proceso de privatización, concesión o transferencia de la explotación portuaria. Esa opinión se incorporaría al expediente administrativo correspondiente.

Facultades de control y coordinación con la comisión de la Hidrovía

Para desarrollar sus funciones, el organismo podría convocar a funcionarios provinciales y municipales, autoridades portuarias, empresas concesionarias, representantes sindicales, universidades y organizaciones sociales y ambientales. También estaría facultado para solicitar documentación, requerir copias certificadas de expedientes administrativos o judiciales y realizar visitas e inspecciones en las instalaciones portuarias. El texto establece, además, que los funcionarios y empleados públicos convocados deberán colaborar con la comisión y considera falta grave el incumplimiento de la obligación de presentar los informes mensuales.

La propuesta prevé que la comisión trabaje coordinadamente con la Comisión Especial de Integración Regional Mercado Común del Sur y Seguimiento del Sistema de la Hidrovía Paraguay-Paraná. El propósito es articular la información sobre los puertos públicos con una mirada más amplia del río, las terminales privadas y el comercio exterior que sale desde Santa Fe.

En los fundamentos, Del Frade sostiene que Santa Fe, pese a contar con una extensa costa sobre el Paraná y una posición central en la actividad portuaria nacional, necesita mayor información pública sobre la explotación de sus terminales y los beneficios económicos que quedan en la provincia y en los municipios. El legislador cuestiona la concentración de las exportaciones en grandes grupos económicos y señala que la actividad portuaria debe analizarse también desde sus efectos sobre el empleo, la infraestructura, el ambiente y los ingresos públicos. Estas afirmaciones forman parte de la fundamentación política del proyecto.