Buscan reconocer la venta ambulante y las ferias como trabajo genuino

La iniciativa tiene como objetivo central reconocer la venta ambulante y la actividad ferial como formas legítimas de trabajo y de generación de ingresos que integran la economía popular, y establecer principios y garantías para su ejercicio en condiciones dignas, equitativas y seguras.

El proyecto, que consta de 23 artículos distribuidos en seis capítulos, se fundamenta en la compleja situación socioeconómica que atraviesa el país. Según datos del INDEC citados en los fundamentos, durante el primer semestre de 2026 el 32,3% de las personas en los principales aglomerados urbanos se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que la desocupación alcanzaba el 7,9% en el segundo trimestre del año. A esto se suman las caídas en la actividad económica, la producción industrial y la construcción, que configuran un escenario de dificultades para numerosos hogares.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su cuidadoso respeto por la autonomía municipal, en línea con la reforma de la Constitución provincial de 2025 y la reciente Ley Orgánica de Municipios 14.436. La ley establece que la Provincia se limita a fijar principios generales y a brindar asistencia técnica, capacitación y herramientas de apoyo, mientras que cada municipio, mediante su adhesión y el dictado de sus respectivas ordenanzas, determina las condiciones concretas de habilitación, localización, horarios, cupos y régimen sancionatorio.

La norma define con precisión las actividades alcanzadas: venta ambulante (comercialización minorista por persona que se desplaza en sectores autorizados), venta en puesto móvil (con estructuras removibles), unidad gastronómica móvil (vehículos adaptados para alimentos y bebidas) y feria (espacio de comercialización periódica de vendedores, productores, artesanos y emprendedores). Quedan expresamente excluidas la mensajería, el cuidado de vehículos, las expresiones artísticas callejeras y la promoción comercial.

El proyecto también aborda la comercialización de alimentos, exigiendo el cumplimiento de la normativa alimentaria vigente y promoviendo la actuación coordinada entre las autoridades sanitarias provinciales y municipales, sin imponer certificaciones adicionales desproporcionadas.

En sus fundamentos, Carlos Del Frade sostiene que "la respuesta estatal no debe reducirse a la prohibición o a la aplicación de sanciones" y que "resulta necesario construir mecanismos de ordenamiento acompañados por oportunidades reales de capacitación, formalización y mejora de las condiciones de trabajo". El proyecto busca evitar que requisitos excesivos o procedimientos administrativos inaccesibles profundicen la exclusión de las personas que se procura acompañar.

"La venta ambulante y las ferias constituyen medios concretos de subsistencia, generación de ingresos y autonomía económica. También funcionan como canales de comercialización para pequeños productores, emprendimientos familiares, artesanos, elaboradores, cooperativas y organizaciones de la economía social", señala el texto.

La iniciativa se enmarca en un contexto de transformaciones institucionales relevantes para la provincia, y busca articular el derecho al trabajo, la promoción de la economía social, la protección de consumidores, la seguridad alimentaria, el derecho a la ciudad y la autonomía municipal.