La investigadora del INTA y del Conicet Virginia Aparicio fue despedida por el organismo estatal tras un sumario administrativo vinculado con su participación en un proyecto internacional que estudió la presencia de pesticidas en personas y en el ambiente.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) resolvió aplicar a Aparicio la sanción más grave prevista para el empleo público: la exoneración. La decisión implica su despido y le impide volver a desempeñarse en el Estado, en un caso que abrió un debate sobre la libertad de investigación científica y el acceso a información vinculada con la salud y el ambiente.
Ingeniera agrónoma y con una extensa trayectoria en la estación experimental agropecuaria de Balcarce, Aparicio formaba parte del INTA desde 1997. Su trabajo se centró durante más de dos décadas en el estudio de suelos, agua y plaguicidas. Además, coordinaba la participación argentina en SPRINT, un proyecto internacional financiado por la Unión Europea con 14 millones de euros.
La investigadora del INTA y del Conicet, Virginia Aparicio, fue exonerada tras un sumario administrativo vinculado a un proyecto internacional que estudió la presencia de pesticidas en personas y el ambiente.
La investigadora del INTA y del Conicet, Virginia Aparicio, fue exonerada tras un sumario administrativo vinculado a un proyecto internacional que estudió la presencia de pesticidas en personas y el ambiente.
La iniciativa, coordinada internacionalmente por la Universidad de Wageningen, buscó analizar la presencia de más de 200 pesticidas en muestras de suelo, agua, sangre y orina. Argentina fue el único país participante fuera de Europa y los estudios locales incluyeron a 73 voluntarios, además de muestras animales y ambientales.
Los motivos del despido
De acuerdo con la resolución del organismo, las acusaciones contra Aparicio están relacionadas con el manejo de fondos del proyecto, el presunto incumplimiento de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo de bioética y el envío de muestras para su análisis a laboratorios del exterior.
También se cuestionó la intervención de un colaborador que no contaba con una designación formal y que habría tenido acceso a información confidencial. Según el INTA, se trataba de un investigador retirado del organismo que mantenía una relación de pareja con Aparicio.
La resolución reconoce que no se acreditó un perjuicio económico para el Estado, aunque sostiene que las conductas investigadas justifican la sanción. Además, dispuso que se informe lo sucedido a la Oficina Anticorrupción.
La investigadora, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que la decisión excede las cuestiones administrativas. En declaraciones advirtió que el objetivo sería instalar temor entre sus colegas para desalentar investigaciones sobre temas sensibles.
Con la resolución quedó agotada la instancia administrativa, por lo que Aparicio podrá recurrir a la Justicia, una posibilidad que ya anticipó.
Un conflicto que comenzó en 2023
El enfrentamiento tomó estado público en 2023, cuando el INTA suspendió la presentación de los resultados correspondientes a la investigación argentina de SPRINT y posteriormente resolvió retirar a la institución del proyecto.
Mientras el trabajo continuó en el ámbito internacional y concluyó en 2026, en Argentina avanzó un sumario administrativo contra la científica. El caso derivó en cuestionamientos sobre las decisiones institucionales y el tratamiento de los resultados relacionados con la exposición a pesticidas.
En una carta pública, Aparicio reconstruyó el desarrollo del conflicto y relató que, a fines de agosto, el Consejo Directivo del INTA analizó su situación. En ese momento, según explicó, se enteró extraoficialmente de una posible exoneración a través de APINTA, el gremio de los trabajadores del organismo.
La decisión final generó repercusiones en ámbitos científicos, profesionales y políticos, con expresiones de respaldo a la investigadora y pedidos de explicaciones sobre el proceso.