La nueva ley de seguridad de Santa Fe ya tiene media sanción

La Cámara de Diputados aprobó este jueves 5 de noviembre de 2026 un paquete de reformas al sistema penal y de seguridad de Santa Fe. El objetivo es que el Estado pueda investigar mejor, responder con más rapidez ante situaciones urgentes y evitar que una causa quede paralizada porque una persona decide no presentarse ante la Justicia. También busca impedir que se sigan organizando delitos desde las cárceles. Las medidas abarcan desde las primeras horas de una investigación hasta los allanamientos, la protección de testigos, el funcionamiento de las cárceles y el sistema de recompensas.

El diputado Dionisio Scarpin explicó el sentido de los cambios: "Los delitos cambian, se organizan y aprovechan cada demora. El Estado no puede tener menos herramientas para responder. Estas reformas apuntan a que la Policía, los fiscales y la Justicia puedan actuar con mayor rapidez, pero siempre con reglas y controles claros".

PRIMERAS HORAS DE UNA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía podrá tomar una declaración informativa a una persona vinculada con un hecho cuando todavía no haya elementos suficientes para acusarla. Quien declare podrá guardar silencio, retirarse y estar acompañado por un abogado. Si presta declaración sin asistencia legal, lo que diga solo podrá usarse para orientar la investigación.

JUICIOS CON ACUSADOS QUE NO SE PRESENTAN

Otra modificación habilita que un juicio avance aunque el acusado, a pesar de conocer la causa, decida no presentarse. Para eso se exigen garantías: debe tener un abogado defensor, un juez tiene que autorizar la medida y la víctima podrá ser escuchada.

Scarpin sostuvo que "escaparse o esconderse no puede convertirse en una manera de frenar a la Justicia" y que "el proceso tiene que poder avanzar, con todas las garantías para defenderse".

ALLANAMIENTOS URGENTES E INMUEBLES USADOS PARA DELINQUIR

La reforma suma casos en los que se podrán hacer allanamientos urgentes, por ejemplo ante la presencia de armas, organizaciones criminales o riesgo de perder pruebas. En los supuestos previstos, un juez los controlará después.

Además, la Justicia podrá intervenir inmuebles utilizados para cometer delitos, ordenar desalojos, devolver las propiedades a sus legítimos ocupantes e impedir que esos lugares sigan sirviendo para actividades ilegales.

CÁRCELES: MEDIDAS PARA INTERNOS QUE AMENACEN LA SEGURIDAD

A los internos cuyas acciones representen una amenaza grave para la seguridad pública se les podrán aplicar medidas más estrictas, como restricciones en las visitas y las comunicaciones. Estas decisiones podrán ser revisadas por la Justicia.

Sobre este punto, Scarpin remarcó: "Estar preso no puede significar seguir generando amenazas para la gente desde una celda".

INTELIGENCIA CON ORDEN JUDICIAL Y MÁS RECOMPENSAS

Las herramientas de inteligencia que impliquen acceder a comunicaciones, teléfonos, cuentas o redes sociales necesitarán autorización judicial. También se amplía el sistema de recompensas, que servirá para conseguir información útil que permita prevenir o esclarecer delitos, ubicar a los responsables o encontrar a personas buscadas.

Al cerrar, el diputado afirmó: "Hace falta policía en la calle, investigación, fiscales, jueces, tecnología y un sistema penitenciario que funcione. Lo que aprobamos suma herramientas para responder mejor y más rápido frente al delito".