18/11/2026 - Edición Nº992


Arroyo Seco

VERGONZOSO

El Concejo exigió $464 millones a cambio de aprobar el pago de aguinaldos y Tonelli lo vetó

20:27 | La ordenanza exigía como condición previa para girar los 500 millones necesarios para pagar aguinaldos, casi 500 millones más para el Concejo. El Intendente argumentó que no existe una deuda municipal con el cuerpo legislativo y que el pago a los trabajadores municipales "no se negocia".



El intendente Daniel Tonelli vetó parcialmente la Ordenanza N.º 3675/26, sancionada la semana pasada por el Concejo Municipal, que condiciona el pago del aguinaldo a los trabajadores municipales a una transferencia previa de $464.338.990,63 a una cuenta bancaria del cuerpo legislativo.

El conflicto se originó a partir de un pedido del Departamento Ejecutivo para desafectar alrededor de 500 millones de pesos de la cuenta especial de la Tasa por Camión con el objetivo de afrontar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario y las cargas sociales de 2026. El Concejo Municipal no solo autorizó una suma mayor, cercana a los 964 millones de pesos, sino que le impuso una condición a la entrega de los fondos para el aguinaldo. La norma fue aprobada por mayoría, incluso con los votos de los concejales oficialistas Matías Attoresi y Gustavo Delorenzi y sólo recibió el rechazo de Milagros Serra. 

Lo aprobado por el Concejo establece en su artículo N° 2 que los 500 millones destinados al aguinaldo solo podían girarse a rentas generales una vez que el Ejecutivo depositara los $464.338.990,63 en una cuenta de titularidad del Concejo, en concepto de "compromisos devengados y no liquidados" de su partida presupuestaria. El artículo 3 establecía además la responsabilidad personal del Intendente por el estricto cumplimiento de esa obligación.

Tras conocerse la autorización de la desafectación,  Daniel Tonelli se pronunció en sus redes sociales y anunció la decisión. "El aguinaldo no se negocia. Vetamos la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que establece como condición el pago de $464 millones al propio Concejo antes de poder utilizar los fondos de la Tasa de Organización Portuaria para afrontar el pago de aguinaldos", escribió el mandatario. Y agregó: "Nuestra responsabilidad es clara: cumplir con los trabajadores municipales y garantizar, al mismo tiempo, la continuidad de los servicios públicos que necesita nuestra ciudad. Primero está Arroyo Seco y quienes todos los días la hacen funcionar".

Los argumentos del veto

El decreto que observa parcialmente la ordenanza sostiene que no existe una deuda del Municipio con el Concejo por la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente gastado. En el texto, el Ejecutivo considera que la partida asignada al Concejo tiene por finalidad "garantizar la previsión de los recursos necesarios para atender sus gastos de funcionamiento", pero no implica "reconocer a favor de dicho órgano un crédito exigible por la totalidad de la suma presupuestada".

En términos simples: el presupuesto le dice al Concejo hasta cuánto puede gastar, no que el Municipio le deba ese monto. Si el Concejo gastó menos de lo autorizado, la diferencia es un crédito presupuestario no utilizado, no una deuda exigible. "El presupuesto autoriza a gastar hasta determinado monto, pero no impone la obligación de agotar la totalidad de los créditos asignados, ni transforma automáticamente los saldos no ejecutados en una acreencia del órgano presupuestario beneficiario", sostiene el decreto. El Ejecutivo agrega que pudo "garantizar el normal funcionamiento del Honorable Concejo Municipal y atender sus necesidades operativas, administrativas y funcionales con recursos inferiores a los originalmente previstos en el Presupuesto General".

El segundo argumento es que la ordenanza no acredita la existencia de los "compromisos devengados y no liquidados" que invoca. "La ordenanza no individualiza cuáles serían esos compromisos, su naturaleza, origen, acreedores, montos individuales ni fechas de devengamiento. Tampoco acompaña una certificación contable que permita verificar la existencia de obligaciones efectivamente asumidas y pendientes de cancelación, ni siquiera un esbozo de cómo se llega a esa cifra", señala el decreto. Y advierte: "No puede presumirse la existencia de una deuda a partir de la sola existencia de una partida presupuestaria ni determinarse su cuantía por referencia al saldo de los créditos asignados".

En tercer lugar, el veto invoca los principios de equilibrio fiscal y eficiencia consagrados en la Ley Orgánica de Municipios N.º 14.436. "Disponer la transferencia inmediata de $464.338.990,63  al Concejo Municipal, sin que se haya acreditado la existencia de obligaciones exigibles por ese importe, supone sustraer recursos de la administración general y afectar su disponibilidad para atender otras necesidades y obligaciones municipales", sostiene. Y agrega: "La responsabilidad fiscal no consiste únicamente en evitar el endeudamiento, sino también en impedir la inmovilización o transferencia injustificada de recursos públicos".

El cuarto argumento es de distribución de competencias. El decreto recuerda que el artículo 51 de la Ley 14.436 atribuye al Intendente "la jefatura de la Administración Pública Municipal, la expedición de órdenes de pago y la facultad de recaudar y disponer la inversión de los recursos municipales". Y sostiene que "la autonomía funcional del órgano legislativo debe ser respetada, garantizándose los recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. Sin embargo, dicha autonomía no supone la existencia de un patrimonio separado ni convierte al Concejo en acreedor del Municipio por los créditos presupuestarios no ejecutados".

El quinto argumento apunta a la responsabilidad personal del Intendente que establecía el artículo 3. "Una ordenanza no puede establecer, de manera genérica, una responsabilidad personal automática por el eventual incumplimiento de una obligación cuya propia existencia y exigibilidad resultan jurídicamente cuestionables", sostiene el decreto. La responsabilidad de los funcionarios, agrega, "debe determinarse en función de sus competencias, deberes concretos, conductas y circunstancias particulares, con pleno respeto al debido proceso y al derecho de defensa".

El decreto dedica un tramo específico a lo que considera una contradicción interna de la ordenanza. El texto del Concejo sostiene que resulta indispensable contar con recursos para afrontar la segunda cuota del aguinaldo y sus cargas sociales. Sin embargo, como condición previa para girar esos 500 millones a rentas generales, exige transferir aproximadamente 500 millones al propio Concejo. "Suma similar a la requerida para el pago del SAC de la totalidad de los agentes", señala el decreto. Es decir, el Concejo pide el mismo monto que necesita el Ejecutivo para pagar el aguinaldo antes de que el Ejecutivo pueda usar el dinero para pagar el aguinaldo.

Para el Ejecutivo, esa contradicción revela que la ordenanza no está diseñada para facilitar el pago del aguinaldo, sino para condicionarlo a una transferencia que, a su juicio, carece de causa jurídica suficiente. De ahí la frase que Tonelli eligió para comunicar el veto en sus redes sociales: "El aguinaldo no se negocia". Y agregó: "Nuestra responsabilidad es clara: cumplir con los trabajadores municipales y garantizar, al mismo tiempo, la continuidad de los servicios públicos que necesita nuestra ciudad. Primero está Arroyo Seco y quienes todos los días la hacen funcionar".